Somos Pueblo – La comunicación oficial del Gobierno dominicano enfrenta una crisis de credibilidad sostenida. Contradicciones públicas entre instituciones, versiones oficiales que se desmienten mutuamente y errores formales en decretos han generado un clima de incertidumbre entre los ciudadanos, debilitando la confianza en la palabra del Estado.
Uno de los ejemplos más recientes se produjo tras la intervención de una patrulla policial en una barbería pasada la medianoche. El director de la Policía Nacional, Ramón A. Guzmán Peralta, afirmó que ese tipo de negocios no puede operar a altas horas de la noche. Sin embargo, pocas horas después, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, desmintió la afirmación, asegurando que no existe ninguna restricción horaria para ese tipo de establecimientos. El incidente generó confusión generalizada y respuestas contradictorias en medios oficiales.
La falta de coherencia en la comunicación no es nueva. En septiembre del año pasado, Raful también se negó a brindar detalles sobre la incautación de un avión vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro, alegando razones de seguridad nacional. Sin embargo, ese mismo día, el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez ofrecieron información detallada al respecto en una rueda de prensa.
En el ámbito del tránsito, las contradicciones también han sido recurrentes. En el caso del contrato con Transcore Latam, empresa responsable de la operación del sistema de semáforos en el Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció su suspensión, mientras que la Dirección General de Contrataciones Públicas negó que dicha rescisión estuviera en vigor. En medio de ambas versiones, la empresa continuó operando con normalidad.
Más recientemente, el director del Intrant, Milton Morrison, negó la eliminación del giro a la izquierda en la avenida Winston Churchill, pese a que ya se habían instalado los letreros. En otro punto crítico, el giro desde la avenida 27 de Febrero hacia la Máximo Gómez fue eliminado sin previo aviso, provocando caos en el tránsito vehicular.
Las inconsistencias también alcanzan temas ambientales. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, declaró que el canal construido por ciudadanos haitianos en el río Masacre estaba abandonado. No obstante, una verificación de Diario Libre al día siguiente comprobó que el canal estaba en funcionamiento.
Incluso decisiones oficiales emitidas por decreto han sido motivo de confusión. El pasado 4 de marzo se emitió el Decreto 113-25, que ordenaba la fusión de los programas Supérate y Adess. Días más tarde, se indicó que se trataba de un borrador. Finalmente, el Gobierno derogó el decreto y emitió una nueva versión, la 160-25, generando cuestionamientos sobre el manejo administrativo de las disposiciones presidenciales.
Otro caso revelador se produjo tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set. La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) aseguró que los escombros estaban bajo custodia, pero uno de los camiones que transportaba los restos fue ubicado en Santiago porque el conductor decidió no hacer fila en el punto oficial de depósito. Las autoridades se enteraron del incidente por la prensa.
La acumulación de promesas incumplidas también ha contribuido al deterioro de la credibilidad. Proyectos como la Circunvalación de Baní, la Línea 2B del Metro de Santo Domingo y la ampliación del Kilómetro 9 de la Autopista Duarte han superado ampliamente los plazos anunciados por las propias autoridades.
A esto se suma el caso de la exministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, destituida en 2021 por supuestas irregularidades y posteriormente designada como vicecónsul en Barcelona. La medida fue revocada tras la reacción pública.
En múltiples ocasiones, incluso las respuestas oficiales a solicitudes de acceso a la información pública han ofrecido datos inexactos o imposibles de verificar, obligando a los ciudadanos a buscar la información por otras vías.
La falta de coordinación institucional y el desorden en la comunicación oficial no solo empañan la imagen pública del Gobierno, sino que afectan directamente la gobernabilidad democrática. La credibilidad de las instituciones se debilita cuando la versión oficial deja de ser una fuente confiable.
