Somos Pueblo – El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, anunció que su despacho trabaja en un plan para regular la contratación de mano de obra haitiana en el sector construcción, en coordinación con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi). La medida, presentada como un esfuerzo de ordenamiento laboral, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores que advierten sobre el desplazamiento sistemático de trabajadores dominicanos en esta área clave de la economía.
Según Olivares, el diálogo con Acoprovi ha sido positivo. “Nos hemos reunido, y tuve la gratísima impresión de que ellos tienen el mismo interés que nosotros, de que haya una regulación efectiva”, expresó el ministro, destacando además la capacidad profesional de la presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez.
Sin embargo, esta iniciativa no ha sido acompañada de una política clara para garantizar la inclusión laboral de los obreros dominicanos, quienes desde hace años denuncian que las condiciones precarias y la informalidad en el sector facilitan la contratación masiva de mano de obra extranjera por su bajo costo.
Críticos de la propuesta señalan que la “regulación” podría formalizar una situación ya desbalanceada, donde gran parte de las oportunidades laborales son ocupadas por migrantes en condiciones irregulares, mientras miles de trabajadores locales permanecen desempleados o subempleados. “¿A quién beneficiará realmente esta medida: al obrero dominicano o al empresario que busca reducir costos?”, cuestionan voces del ámbito sindical.
A pesar del discurso oficial de consenso, aún no se ha presentado un plan concreto que garantice equidad en el acceso al empleo, ni se ha informado si se establecerán cuotas, controles efectivos o sanciones a las empresas que contraten mano de obra ilegal en detrimento de la nacional.
La necesidad de una regulación es evidente, pero la falta de transparencia en los criterios y objetivos del plan despierta dudas legítimas sobre su impacto real en el mercado laboral dominicano.
