Somos Pueblo – La comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida públicamente como La Tora, fue arrestada por orden de la jueza Diana P. Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, luego de ser declarada en rebeldía dentro de un proceso por presunta difamación e injuria.
La orden de arresto, emitida el pasado 30 de abril, fue dictada en el marco de una querella interpuesta por el diputado oficialista Sergio Moya de la Cruz, conocido como Gory, quien acusa a la comunicadora de cometer delitos contra su honor mediante medios electrónicos, hechos tipificados en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Según el expediente, la defensa del legislador solicitó la detención de Pérez alegando que ésta “fue citada legalmente y ha hecho caso omiso”, además de continuar lanzando improperios al tribunal y al querellante en sus espacios de comunicación.
El arresto se fundamentó en el artículo 100 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, que autoriza a los jueces a declarar en rebeldía a imputados que no acudan a los citatorios judiciales sin justificación y a emitir órdenes de arresto para su conducción obligatoria.
Defensa alega irregularidades
Sin embargo, el abogado de la comunicadora, Francisco Familia, negó que su clienta haya incurrido en rebeldía e indicó que la jueza Moreno Rodríguez fue debidamente recusada antes de fijar la audiencia. De acuerdo con su versión, al momento de emitir la orden, el tribunal ya estaba impedido legalmente de avanzar el proceso hasta tanto la Corte de Apelación decidiera sobre la recusación planteada por la defensa.
“Está mintiendo la resolución, porque ya habíamos recusado a la jueza, y mientras ese proceso no sea decidido por la Corte, no puede haber audiencia ni orden de arresto”, sostuvo el jurista.
Familia acudió este miércoles al tribunal en busca de levantar formalmente la declaración de rebeldía contenida en el acta núm. 046-2025-TREB-00312.
La comunicadora fue detenida mientras llegaba a las instalaciones donde transmite su programa, y posteriormente fue trasladada a la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel), lo que ha generado inquietud en redes sociales por tratarse de una sede policial distinta a las fiscalías ordinarias.
El caso, que enfrenta a una figura mediática conocida por su estilo confrontativo con un legislador oficialista bajo investigaciones públicas previas, ha despertado un nuevo debate sobre el uso del sistema penal en conflictos entre figuras públicas.
