Somos Pueblo – Las propuestas de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos han generado inquietud en el sector ambiental, por considerar que el enfoque legislativo actual omite aspectos clave para garantizar una gestión efectiva y sostenible de los residuos en República Dominicana.
Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias, advirtió que aunque es necesaria una actualización normativa, la versión en discusión carece de herramientas reales de control y fiscalización.
“El país necesita una ley con dientes y garras. En su estado actual, esta normativa carece de mecanismos efectivos para sancionar a los infractores”, expresó Carvajal, quien también señaló que la reforma no contempla un calendario para eliminar los plásticos de un solo uso ni garantiza transparencia en la gestión de los recursos generados por la ley.
El experto también alertó sobre la falta de disposiciones que prevengan la concentración de poder en manos de pocos actores económicos, lo que, según dijo, podría generar monopolios en el sector de la gestión de residuos.
Llamado a fortalecer los gobiernos locales
Carvajal propuso que se refuercen las capacidades financieras de los gobiernos municipales, permitiéndoles administrar con autonomía los recursos que les corresponden según las particularidades de su demarcación, evitando la discrecionalidad desde el nivel central.
Fundación Acción Verde exige apertura
En línea con estas preocupaciones, la Fundación Acción Verde envió una comunicación formal al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al diputado Juan Medina, presidente de la comisión que estudia la reforma, en la que insiste en la necesidad de que el proceso legislativo se abra a recomendaciones técnicas y ambientales.
Entre sus principales propuestas destacan:
- Prohibición en dos años de productos como foam, sorbetes, bandejas plásticas tipo «chicharritas», palillos plásticos, bolsas no reciclables y ciertos envases PET no reciclables.
- Reducción progresiva del uso de plásticos no reciclables por parte del Estado, con una meta del 20 % en el primer año y del 100 % en tres años.
- Reforma del artículo 57 para incluir un «valor de recuperación» obligatorio en los plásticos de consumo masivo, incentivando su recolección y procesamiento.
“La ley debe alinearse con los compromisos climáticos del país y responder con firmeza a la crisis ambiental que enfrentamos”, expresó la fundación presidida por Sterling Ureña.
Tanto Carvajal como Acción Verde coinciden en que la reforma debe garantizar sostenibilidad, justicia fiscal y participación ciudadana en la toma de decisiones, evitando que se diluya su efectividad en compromisos débiles o enfoques centrados exclusivamente en la rentabilidad económica.
