Somos Pueblo – El movimiento cívico Participación Ciudadana advirtió que el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, en estudio en el Congreso Nacional, contiene artículos ambiguos, mecanismos de control mal definidos y vacíos legales que podrían representar retrocesos en derechos fundamentales.
Uno de los puntos más preocupantes es el artículo 9, que permitiría la eliminación de archivos informativos si se cuestiona su veracidad. La organización alertó que esta medida pone en riesgo la preservación de la memoria periodística y puede utilizarse para borrar contenidos de interés público.
También cuestionó la exigencia de residencia permanente en el país para los directores de medios, señalando que esa condición no se corresponde con la realidad del trabajo digital y transnacional.
Participación Ciudadana señaló vacíos en la definición y aplicación de las auditorías de algoritmos incluidas en el texto, lo que debilita su utilidad real. Y expresó preocupación por la falta de excepciones claras en el artículo que regula la desindexación de contenidos, lo que podría afectar publicaciones sobre corrupción o procesos judiciales relevantes.
Otro punto crítico es que el futuro Instituto Nacional de Comunicaciones (Inacom) tendría como una de sus funciones “velar por el buen uso del idioma”, una formulación que la organización considera ambigua y riesgosa, por su potencial para derivar en censura encubierta.
También cuestionaron el uso de términos vagos como “dignidad” y “moral” en la regulación de espectáculos públicos, que podrían aplicarse de forma discrecional contra expresiones culturales o artísticas.
Aunque reconoció que el proyecto incluye avances importantes, como la actualización de una ley vigente desde 1962, el reconocimiento del acceso a internet como derecho fundamental y la prohibición de censura indirecta mediante publicidad estatal, insistió en que nada de eso debe justificar posibles retrocesos.
La organización reiteró que una ley de libertad de expresión debe ser garantista, técnica y respetuosa de los principios constitucionales, y que cualquier formulación ambigua o mecanismo de control sin límites claros abre la puerta a restricciones arbitrarias del derecho a la información.
