Somos Pueblo – Santo Domingo, 6 de junio de 2025 — Una controversia política ha surgido en Puerto Rico tras señalamientos públicos contra la gobernadora de la isla, Jenniffer González, a quien acusan de haber compartido con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos información personal de inmigrantes dominicanos indocumentados, presuntamente con fines de detención y deportación.
La denuncia fue realizada por el congresista puertorriqueño Pablo Hernández y el exgobernador Alejandro García Padilla, quienes calificaron la entrega de datos como una «traición» a la comunidad dominicana residente en la isla. Según afirmaron, las autoridades locales habrían solicitado y recopilado esta información bajo el pretexto de trámites para licencias de conducir, y posteriormente la habrían transferido al gobierno federal.
“El Gobierno de Puerto Rico traicionó a los dominicanos… les dieron tres golpes y luego los tiraron al mondongo”, declaró Hernández, quien también cuestionó el supuesto uso de los datos entregados voluntariamente por los solicitantes para propósitos distintos a los originalmente establecidos.
Por su parte, el exgobernador García Padilla criticó lo que consideró un discurso estigmatizante hacia la comunidad inmigrante. “Es inaceptable que una figura de su nivel utilice narrativas que avivan el prejuicio contra una comunidad que ha contribuido enormemente al desarrollo de nuestro país”, expresó. También señaló que los dominicanos indocumentados son parte de la fuerza laboral que realiza trabajos que muchos ciudadanos locales no están dispuestos a asumir.
Las declaraciones surgen tras un reporte de la cadena pública NPR, en el cual la directora de Investigaciones de Seguridad Nacional en Puerto Rico, Rebecca González Ramos, confirmó que su oficina solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas datos relacionados con inmigrantes que poseen licencias de conducir.
González Ramos indicó que en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses residen aproximadamente 20,000 inmigrantes en situación migratoria irregular, y que la meta institucional es ejecutar la deportación del 100 % de esa población. Asimismo, informó que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, se han efectuado cerca de 500 arrestos de personas con órdenes de deportación, de las cuales aproximadamente el 75 % serían ciudadanos dominicanos. Menos del 80 % de los arrestados tendría antecedentes penales, siendo el reingreso ilegal tras deportación previa el delito más frecuente.
Hasta el momento, la gobernadora Jenniffer González no ha ofrecido una respuesta pública directa a las acusaciones ni ha emitido declaraciones sobre el uso de los datos en cuestión.
Diversas organizaciones de derechos civiles y miembros de la comunidad dominicana han expresado preocupación ante estos señalamientos, solicitando transparencia en el manejo de información personal y respeto a los derechos de los inmigrantes, sin importar su estatus legal.
