Somos Pueblo – Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público arrestó este domingo a Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, luego de que este no compareciera ante una citación emitida por la Fiscalía de Santiago, donde debe responder por una querella por difamación e injuria. El arresto fue ejecutado en un hotel del Distrito Nacional, y el acusado será trasladado en las próximas horas a Santiago para continuar con el proceso judicial en su contra.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, Martínez Jiménez fue declarado en rebeldía por no presentarse ante el Ministerio Público, tras ser citado formalmente en relación con una querella interpuesta por Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional. En dicha acusación también figura como coimputada la señora Vhanessa Victoria, señalada como presunta cómplice en los hechos.
La querella se sustenta en una serie de publicaciones que, según el denunciante, constituyen actos de difamación e injuria en perjuicio de su honor y reputación. La misma invoca los artículos 367 y siguientes del Código Penal Dominicano, que castigan penalmente este tipo de delitos, así como disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en particular los artículos 21 y 22, que sancionan la difusión de informaciones lesivas a través de medios electrónicos.
Asimismo, la acusación incluye fundamentos en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que regula los límites de la libertad de expresión en el país y contempla sanciones cuando esta se utiliza para dañar la honra de personas físicas o jurídicas.
El arresto fue encabezado por un fiscal de la Dirección General de Persecución, con apoyo de personal especializado del Ministerio Público. Las autoridades indicaron que esta acción busca garantizar la comparecencia del imputado ante los tribunales y asegurar el debido proceso judicial.
Esta no es la primera vez que Martínez Jiménez enfrenta problemas legales por casos relacionados con difamación. Su nombre ha estado vinculado anteriormente a conflictos similares, lo que ha generado preocupación entre distintas figuras públicas y sectores que han sido objeto de sus declaraciones en medios de comunicación y redes sociales.
El traslado a Santiago permitirá que se avance en el conocimiento del caso y que la Fiscalía continúe con la recolección de pruebas y la presentación formal de cargos, si así lo determina. Mientras tanto, el Ministerio Público reiteró que continuará actuando en cumplimiento de la ley, garantizando el respeto al debido proceso, pero también la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por este tipo de delitos.
