Somos Pueblo – República Dominicana se encuentra entre los países de América Latina que más dinero público destinan al financiamiento de los partidos políticos, tanto en tiempos electorales como fuera de ellos. A pesar de que su sistema de partidos es considerado uno de los menos institucionalizados de la región, el monto asignado por el Estado ha alcanzado cifras récord.
En el año 2024, que incluyó elecciones municipales, congresuales y presidenciales, los partidos políticos recibieron del Estado dominicano un total de 5,041.6 millones de pesos, el mayor monto en la historia democrática del país. Esto representa, por cada habitante, un gasto de 6.40 dólares en años electorales y de 2.36 dólares en años ordinarios, según un estudio de Participación Ciudadana.
Estos niveles de financiamiento superan ampliamente los promedios regionales. En términos de financiamiento ordinario, República Dominicana ocupa el tercer lugar en América Latina, superada solo por México y Panamá. En financiamiento de campaña, está en la cuarta posición, detrás de Uruguay, Costa Rica y Panamá.
El estudio advierte que esta fuerte dependencia de fondos estatales ha generado una desconexión entre los partidos y la ciudadanía. La garantía de recursos, independientemente del desempeño electoral, desincentiva la innovación política y contribuye a mantener estructuras clientelistas.
Para mejorar este panorama, Participación Ciudadana propone una serie de reformas. Entre ellas, reducir alrededor del 30 % del subsidio estatal a los partidos mediante fórmulas más eficientes basadas en los ingresos fiscales o en indicadores sociales. También se sugiere elevar el umbral mínimo de votos requerido para acceder al financiamiento público, eliminando el reparto entre partidos sin representación significativa.
Actualmente, partidos con tan solo un 0.01 % de los votos reciben recursos públicos. La propuesta recomienda que ese mínimo sea del 1 %. Además, se plantea modificar el modelo de distribución para que el 50 % del presupuesto se reparta de forma igualitaria entre los partidos que alcancen ese umbral y el otro 50 % según los votos obtenidos.
Estas reformas buscan garantizar que el dinero del Estado destinado a la política se utilice de forma más justa, eficiente y alineada con los principios democráticos.
