Somos Pueblo – Santo Domingo. Aunque las normativas de salud en República Dominicana exigen que los centros médicos notifiquen al Ministerio Público los embarazos en menores de edad ante sospechas de abuso sexual, esta práctica se cumple con mayor frecuencia en hospitales públicos que en clínicas privadas.
Según la Guía para la atención integral en salud de personas adolescentes, el personal sanitario debe alertar a las autoridades judiciales cuando una adolescente embarazada podría haber sido víctima de violencia o coerción sexual. Sin embargo, expertos indican que las clínicas privadas enfrentan limitaciones para aplicar este protocolo de forma rigurosa.
El doctor Roberto Nina, expresidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, explica que los hospitales públicos cuentan con departamentos de Trabajo Social, los cuales canalizan los casos hacia instituciones como el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Por el contrario, en el sector privado, muchas clínicas carecen de estas estructuras formales, lo que dificulta la implementación de la ruta de reporte.
Identificación del progenitor, un reto adicional
El doctor Luis Cruz, subdirector de la Clínica Cruz Jiminián, señala que la mayoría de las adolescentes embarazadas acuden a consulta acompañadas de sus madres, mientras que las parejas suelen estar ausentes. Esta falta de acompañamiento complica la identificación del progenitor y la recopilación de datos relevantes para el historial clínico y posibles investigaciones.
“Muchas veces las jóvenes son abandonadas por sus parejas, y eso dificulta el proceso de obtención de información”, afirmó Cruz.
También denunció dificultades técnicas para contactar la línea de reporte del Ministerio Público, lo que obliga a las clínicas a centrarse en la atención médica más que en el aspecto legal del caso.
Mayor volumen en hospitales públicos
Según Cruz, el volumen de adolescentes embarazadas es significativamente mayor en los hospitales públicos, lo que podría explicar por qué estos centros están mejor estructurados para responder a este tipo de situaciones.
“Las parturientas jóvenes suelen ir a hospitales públicos”, señaló.
Relevancia legal
De acuerdo con la legislación vigente, si el padre de un hijo de madre adolescente le lleva más de cinco años de edad, el caso puede considerarse una violación legal, especialmente si la madre tiene menos de 15 años.
El documento oficial subraya que, en estos casos, el embarazo suele ser producto de abuso, coerción o violencia sexual, y por tanto, debe ser objeto de investigación judicial.
