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domingo, julio 6, 2025

Ocho personas enfrentan cargos por presunto fraude bancario y robo de identidad; tribunal impone medidas de coerción.

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Somos Pueblo – Distrito Nacional, 5 de julio de 2025 — Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra ocho personas acusadas de integrar una presunta red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad. Las medidas incluyen garantía económica, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, alegando riesgo de fuga y falta de arraigo suficiente. Sin embargo, el juez Rigoberto Sena decidió imponer medidas menos severas, estableciendo fianzas que oscilan entre los RD$150,000 y RD$3,000,000, según el nivel de presunta participación de cada acusado.

Freddery García Ortiz, señalado por las autoridades como el supuesto cabecilla del grupo y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., deberá pagar una garantía económica de RD$3,000,000. Su pareja, María Carolina Durán Tavárez, fue beneficiada con libertad bajo fianza por RD$2,000,000.

Otros imputados y los montos establecidos como fianza son:

  • George Charlie Abreu Tejada: RD$1,000,000
  • Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias: RD$500,000 cada uno
  • Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares: RD$200,000 cada una
  • Wilton Rafael Gutiérrez (alias «Chango»): RD$150,000

El caso fue declarado complejo, a solicitud del Ministerio Público, lo que otorga un plazo de hasta 12 meses para concluir la investigación y presentar una acusación formal, conforme al Código Procesal Penal.

Durante la audiencia, los fiscales Carlos Vidal —encargado del Departamento de Litigación Inicial— y Gabriela Gómez Garrido —del Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología— presentaron cerca de 100 elementos de prueba que respaldarían los cargos.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la red operaba desde el municipio de Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, y está siendo investigada por su posible participación en delitos financieros y tecnológicos de alto perfil.

Hasta el momento, se mantienen abiertas las investigaciones para determinar la magnitud de los hechos y posibles vínculos adicionales.

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