Somos Pueblo – Santo Domingo, 6 de julio de 2025 — El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), encabezado por su director Milton Morrison, presentó una querella penal contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de soborno, amenazas y presiones institucionales. La denuncia fue sometida el pasado viernes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Según el comunicado oficial del Intrant, el objetivo de estos actos habría sido conseguir la prórroga de un contrato vencido —sin pasar por un proceso competitivo— relacionado con la emisión y renovación de licencias de conducir. El contrato fue adjudicado inicialmente en enero de 2020 por cinco años, e incluía la administración de 21 centros, equipos tecnológicos y personal.
Entre las acusaciones se destaca un supuesto intento de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, además de presuntas amenazas y entregas de dinero en efectivo a funcionarios clave. Los señalados directamente en la querella son Rogelio Oruña, presidente de Dekolor, y Sandra Oruña, gerente general.
El Intrant también denunció que el contrato fue modificado en tres ocasiones con adendas no aprobadas por su Consejo Directivo, lo cual, aseguran, pretendía ser usado como base para continuar operando sin licitación.
Calificación de los hechos
Los cargos que se imputan a los acusados incluyen:
- Soborno (Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión)
- Asociación de malhechores
- Lavado de activos (Ley 155-17)
- Estafa contra el Estado
- Extorsión y chantaje electrónico (Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología)
La querella está sustentada por informes técnicos, documentación interna, reportes de la Contraloría General y declaraciones de testigos. Según el Intrant, estas pruebas apuntan a la existencia de una estructura delictiva organizada con fines de manipulación administrativa y malversación de fondos públicos.
El expediente también menciona la posibilidad de que existan otros involucrados, cuya responsabilidad deberá determinar el Ministerio Público durante el proceso de investigación.
