Somos Pueblo – Nueva Hampshire, 10 de julio de 2025 — Un juez federal en el estado de New Hampshire emitió este miércoles una orden que bloquea temporalmente la entrada en vigor de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, previsto para aplicarse a partir del 27 de julio.
La decisión fue adoptada por el juez Joseph Laplante, quien argumentó que la medida representa “un cambio abrupto de una política de larga data” y podría provocar daños irreparables a quienes se verían afectados. El magistrado concedió una suspensión de siete días para que el Gobierno pueda apelar el fallo.
La orden ejecutiva de Trump, anunciada en los primeros días de su segundo mandato, ha sido una de las más controvertidas de su administración. Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda colectiva alegando que la medida vulnera la Enmienda 14 de la Constitución, que consagra la ciudadanía para todos los nacidos en territorio estadounidense.
Según el fallo de Laplante, los demandantes —entre ellos una ciudadana hondureña embarazada que espera dar a luz en octubre— “podrían sufrir un daño irreparable” si no se detiene la implementación de la medida. El juez recordó además que el derecho a la ciudadanía estadounidense es “uno de los privilegios más valiosos del mundo”.
Aunque la Corte Suprema había respaldado previamente la potestad presidencial para limitar ciertos aspectos del derecho a la ciudadanía por nacimiento, el juez Laplante argumentó que esta orden en particular podría vulnerar principios constitucionales fundamentales.
En febrero pasado, el mismo juez ya había dictado una medida cautelar similar, aunque de alcance limitado, dirigida exclusivamente a miembros de organizaciones demandantes. En esta nueva decisión, la suspensión tiene efecto a nivel nacional.
El caso, que aún podría escalar nuevamente hasta el Tribunal Supremo, continúa alimentando el debate sobre la interpretación de la Enmienda 14 y las competencias del Ejecutivo federal en materia migratoria.
