Somos Pueblo – Samaná, RD — Lo que alguna vez fue un acceso libre y directo hacia Punta Bonita, uno de los rincones más hermosos de la península de Samaná, hoy se encuentra prácticamente bloqueado. Ciudadanos y visitantes denuncian que el camino hacia esta emblemática playa ha sido invadido por obstáculos que impiden el paso, en una creciente tendencia de privatización de los accesos costeros en República Dominicana.
Aunque las leyes del país establecen que las playas son bienes de uso público, en la práctica el acceso a muchas de ellas se ve cada vez más limitado por desarrollos privados, vallas, controles y restricciones informales que impiden a los ciudadanos disfrutar libremente de estos espacios naturales.
El caso de Playa Bonita ha vuelto a encender el debate sobre la necesidad de garantizar vías de acceso público como un derecho constitucional y una obligación del Estado.
“Defender el acceso libre a nuestras playas no es solo una exigencia legal, es también una forma de proteger lo que es de todos”, expresan comunitarios y ambientalistas en redes sociales, mientras llaman a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante posibles violaciones al libre acceso.
Activistas de la zona insisten en que no se trata de oponerse al desarrollo turístico, sino de exigir que este se haga de forma equilibrada, con respeto al entorno natural y al derecho colectivo.
