Somos Pueblo – La decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) de transferir 6,000 millones de pesos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) al Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha generado debates sobre su legalidad.
El abogado administrativo Olivo Rodríguez Huertas advirtió que la resolución que autoriza la operación podría contradecir la Ley 397-19, que creó al Idoppril y que establece usos específicos para sus reservas técnicas. Según explicó, cualquier destinación distinta a las previstas en la ley requeriría una modificación legal.
La transacción fue respaldada por un informe técnico de la Superintendencia de Riesgos Laborales (Sisalril), que evaluó la posibilidad de utilizar excedentes de reservas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) para apoyar al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Ante las críticas, el titular de la Sisalril, Miguel Ceara Hatton, afirmó que la medida tiene sustento jurídico: “Hasta donde yo entiendo fue legal, así que no tengo más nada que agregar”, señaló.
La operación se fundamenta en el artículo 20 de la Ley 397-19, que dispone que los recursos del Idoppril se distribuyan entre gastos administrativos, prestaciones de salud y prestaciones económicas para la protección laboral, de acuerdo con lo que establezca su Consejo Directivo y el reglamento del CNSS.
No obstante, el abogado Rafael Dickson consideró que incluir a Senasa como beneficiario genera dudas jurídicas, ya que la norma no menciona a las Administradoras de Riesgos de Salud dentro de los posibles destinos de esos fondos. Agregó que la medida resulta cuestionable en un momento en que Senasa enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades financieras.
Rodríguez Huertas planteó que la legitimidad de la operación podría fortalecerse si el tema se incorpora en la Ley General de Presupuesto del próximo año o en el Presupuesto Reformulado de 2025.
La transferencia forma parte de un total de RD$12,500 millones en recursos del Idoppril autorizados por el CNSS para ser redirigidos, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el Senasa.
