Somos Pueblo. — Hernani A. Aquino y Ricardo Ripoll, junto a sus abogados, el licenciado J. Rafael Céspedes Amparo, en representación también de los licenciados Máximo Juan Miñoso y Hanfiel A. Polanco Ramos, presentaron una solicitud formal al Defensor del Pueblo de la República Dominicana. En el documento, entregado el 23 de septiembre de 2025, piden una intervención urgente ante lo que describen como un colapso en la protección ambiental y de los derechos de los consumidores en el país.
De acuerdo con los solicitantes, la acción se fundamenta en un informe pericial que denuncia una grave contaminación por residuos plásticos y presuntas prácticas de “greenwashing” —o publicidad engañosa sobre la sostenibilidad de productos— que, según afirman, afectan tanto al medio ambiente como a los derechos fundamentales de la población.
El informe expone que en el país se generan anualmente unas 88,000 toneladas de desechos plásticos, de las cuales solo se gestionan 22,000, situación que —según la denuncia— ha provocado una marcada contaminación en ríos y zonas costeras, incluyendo el Malecón de Santo Domingo. Además, cuestiona el uso de la norma NORDOM ASTM D5511 por parte del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), alegando que esta permite a empresas declarar que sus productos son biodegradables sin que esas afirmaciones reflejen las condiciones reales de los vertederos dominicanos, lo que, según los accionantes, constituye una práctica de “greenwashing” institucionalizado.
Los denunciantes también señalan que entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y Pro Consumidor han sido ineficaces en la regulación de la contaminación plástica y en la sanción de publicidad engañosa, lo que, a su juicio, vulnera derechos constitucionales relacionados con la salud, la integridad personal y el medio ambiente.
Como parte de su solicitud, piden al Defensor del Pueblo iniciar una investigación de oficio, emitir una resolución pública con recomendaciones vinculantes y promover acciones legales que garanticen el cumplimiento de las normativas ambientales y de protección al consumidor. Entre las medidas sugeridas destacan la derogación de la norma NORDOM ASTM D5511, la creación de una política nacional para la gestión de residuos plásticos y una campaña informativa contra el “greenwashing”.
La petición busca, según sus proponentes, fortalecer la confianza pública en las instituciones y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la protección del medio ambiente y la salud de la población.
