A pesar de que el pasado 2 de octubre de 2025 venció el plazo establecido en el artículo 172 de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, numerosos comercios del país continúan entregando fundas plásticas de manera gratuita, incumpliendo con la disposición que prohíbe su distribución.
La normativa, que también prohíbe el uso de envases de poliestireno expandido (foam) para alimentos y bebidas, otorgó un período de cinco años para que los establecimientos comerciales adoptaran alternativas sostenibles. Sin embargo, al cumplirse la fecha límite, supermercados, colmados y tiendas todavía muestran un bajo nivel de cumplimiento.
En el Congreso Nacional se debatió una modificación para extender por cinco años más el plazo de aplicación, con el argumento de que las pequeñas y medianas empresas necesitaban más tiempo para adecuarse. No obstante, el presidente Luis Abinader anunció que no promulgaría dicha extensión, atendiendo a los reclamos de sectores industriales y ambientalistas que exigen el cumplimiento estricto de la ley.
En agosto, el Senado de la República informó que revisaría la propuesta con el propósito de reenviarla “de forma consensuada”, pero hasta el momento no se ha registrado ningún avance legislativo.
Mientras tanto, organizaciones ambientalistas, entre ellas Somos Pueblo, insisten en la necesidad de aplicar sanciones y fortalecer las políticas públicas destinadas a reducir el uso de plásticos de un solo uso. Estas organizaciones señalan que la falta de acción concreta debilita los esfuerzos nacionales por alcanzar una gestión ambiental responsable y sostenible.
El reclamo ha reavivado el debate sobre la urgencia de eliminar definitivamente las fundas plásticas y el foam del mercado dominicano, una medida que, según los grupos ambientales, representa un paso indispensable para la protección del medioambiente.
