Santo Domingo, 7 de noviembre de 2025. — El equipo de Somos Pueblo Media se dio por enterado del desalojo de un local comercial emblemático ubicado en la calle Arzobispo Meriño número 26, justo frente a la Catedral Primada de América y al lado del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en el corazón de la Ciudad Colonial.
El local era ocupado por Raúl Ernesto Suncar García, quien operaba allí el negocio “Sugar Cane, La Casa del Ron”. Este caso, que se prolongó por casi cinco años, ha reavivado el debate sobre la lentitud de los procesos judiciales y la falta de seguridad jurídica que enfrentan los propietarios de inmuebles en el país.
“Decidimos hacerlo correctamente, sin atajos”, explican los propietarios
En entrevista exclusiva con Somos Pueblo, los propietarios del inmueble relataron que, pese a contar con sentencias que les permitían recuperar el local desde hace tiempo, decidieron no ejecutar el desalojo hasta agotar todas las instancias judiciales, para demostrar que se puede actuar correctamente dentro del marco de la ley.
“Pudimos haber recuperado el local hace años, pero preferimos hacer todo conforme al debido proceso. Queríamos un caso limpio, sin vacíos, sin cuestionamientos. Pasamos por todas las etapas, incluso la Suprema Corte de Justicia, porque entendemos que si queremos exigir respeto a la ley, debemos comenzar por cumplirla nosotros”, expresaron los propietarios.
El contrato original fue firmado en diciembre de 2016 y venció hace años. Sin embargo, el inquilino permaneció ocupando el inmueble sin pagar las rentas completas, iniciándose un proceso que se extendió entre audiencias, apelaciones y recursos.
Paso a paso, así se desarrolló el caso en los tribunales
El conflicto se originó en 2020, cuando el contrato ya se encontraba vencido y comenzaron los incumplimientos de pago. En 2022, se interpuso la demanda formal ante el Juzgado de Primera Instancia, que ordenó el desalojo y el pago de los alquileres vencidos.
En abril de 2024, la Corte de Apelación Civil confirmó la decisión y mantuvo la orden de desalojo, ratificando la validez del proceso.
Finalmente, en abril de 2025, la Suprema Corte de Justicia rectificó la resciliación del contrato, declaró que el contrato estaba vencido y sin validez, y confirmó las sentencias anteriores que ordenaban el desalojo.
La Suprema dispuso única y exclusivamente que se recalcularan los alquileres no pagados con una motivación más detallada.
Según los propietarios, este punto representa una ganancia, ya que entienden que los montos adeudados son mucho mayores de los que se habían considerado anteriormente, y ahora podrán reclamar lo que realmente corresponde.
El desalojo se ejecutó en la mañana de este viernes 7 de noviembre, poniendo fin a la ocupación del local por parte de Raúl Ernesto Suncar García y marcando el cierre de un conflicto que se prolongó durante casi cinco años.
Un caso que refleja los vacíos y la lentitud del sistema
Para los propietarios, el caso se ha convertido en un ejemplo de los desafíos que enfrentan los inversionistas y propietarios en República Dominicana.
Aseguran que durante años su inmueble estuvo “prácticamente secuestrado”, mientras el sistema judicial permitía que se prolongara una ocupación sin pago pleno.
“Esto demuestra cómo los tecnicismos se utilizan para retrasar los procesos. Es un abuso que desalienta la inversión. Muchos propietarios hacen grandes sacrificios, pagan préstamos, impuestos, y terminan viendo sus locales ocupados por personas que usan el sistema para quedarse sin pagar”, afirmaron.
El local, por su ubicación estratégica frente a la Catedral Primada y junto al Ayuntamiento, representa un espacio de alto valor histórico y comercial, lo que ha convertido el caso en un símbolo del deterioro institucional en materia de justicia civil.
La nueva Ley 85-25: una esperanza para el futuro
Este caso coincide con la entrada en vigor de la Ley 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobada en agosto de 2025, que deroga la antigua Ley 4314 de 1955.
La nueva normativa busca modernizar los procesos de desalojo, limitar los abusos, obligar al registro formal de contratos, y garantizar mayor equilibrio entre arrendador e inquilino.
Sin embargo, los propietarios aseguran que el problema no es la ley, sino su aplicación.
“De nada sirve tener una ley moderna si los tribunales no cumplen los plazos y las decisiones se demoran años. La justicia tarda tanto que, cuando llega, el daño ya está hecho”, subrayaron.
Reflexión final
El desalojo del local “Sugar Cane, La Casa del Ron” frente a la Catedral Primada de América representa más que la recuperación de un espacio: es una advertencia sobre las fallas estructurales del sistema judicial.
Cinco años de audiencias, apelaciones y recursos para ejecutar una orden de desalojo demuestran que el país necesita procesos más ágiles y predecibles, donde los derechos de los propietarios y arrendatarios estén verdaderamente protegidos.
La seguridad jurídica no puede seguir siendo una promesa: debe convertirse en una realidad que inspire confianza y proteja la inversión.
