A siete meses de la tragedia que conmocionó al país, el Ministerio Público presentó este viernes acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados como responsables del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
La acusación fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. El órgano acusador está representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; el procurador de corte Héctor García; los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía; y los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
De acuerdo con el expediente, los hermanos Espaillat, como responsables de la operación del establecimiento de entretenimiento ubicado en la avenida Independencia del Distrito Nacional, enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
La investigación se realizó bajo instrucciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien designó al Director General de Persecución y a la fiscal del Distrito Nacional para dirigir el proceso, con el propósito de esclarecer las causas del colapso estructural.
El Ministerio Público sostiene que la acusación está sustentada en numerosos elementos de prueba que vinculan penalmente a los procesados. Según el expediente, los imputados habrían incrementado su grado de responsabilidad al sobrecargar el techo del local con equipos de climatización de gran tamaño y tinacos de agua, sin contar con estudios técnicos que garantizaran la capacidad estructural del edificio.
Asimismo, el documento indica que los administradores del negocio habrían ignorado advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando la reducción de costos por encima de la seguridad del lugar.
Los hallazgos técnicos de la investigación incluyen informes elaborados por los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera (especialista en estructuras sismorresistentes), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), quienes fueron designados por el Ministerio Público para analizar las condiciones estructurales del inmueble antes y después del colapso.
La acusación formal marca un paso decisivo en el proceso judicial por una de las tragedias más graves registradas en la historia reciente del país.
