Ese monto se destinó a una póliza que incluye casos de emergencias en las escuelas y liceos de hasta 150,000 pesos por estudiante, pero directores, profesores, padres y los propios alumnos desconocen al respecto
Somos Pueblo.- En teoría, el derecho a la salud de los dominicanos está resguardado en el artículo 61 de la Constitución cuando indica que “El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas…”, lo que queda también establecido en el principio de la universalidad de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, el cual establece que la misma “deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica”
Tomando como premisa la Carta Magna y esta legislación quedaría tácitamente definida la protección de los niños en recintos escolares, en especial los públicos, sin embargo, cuando existe una emergencia en uno de esos planteles son los padres que deben hacerse cargo de decidir si su hijo va a un hospital o una clínica de acuerdo a si está asegurado o si tiene los recursos para costear atención privada.
No importa si se trata de intoxicación alimentaria, por pesticidas o cualquier otro evento, las autoridades de las escuelas o liceos del país necesitan contactar a los padres antes de llevar a un centro de salud.
Así lo explica el director del liceo República de Guatemala, en Santo Domingo, cuyo director, Alexander García, revela que cuentan con una doctora encargada que brinda asistencia en caso de que se presente una emergencia pero, de ser necesario, se traslada a un centro de salud y se solicita una unidad del Sistema de Emergencias 911, manteniendo siempre el contacto con los padres de los menores.
“En comunicación con la familia, nos dirigimos al hospital o al centro de preferencia, de acuerdo al seguro médico que tenga el estudiante”, indicó García, narrando el procedimiento, que es el mismo que aplican de manera lógica otros directores de escuelas y liceos.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el Centro Educativo del Nivel Medio Hernán José Sánchez, en la provincia Duarte, donde más de una decena de niños resultaron intoxicados tras la inhalación de agroquímicos aplicados en la periferia del plantel.
“Se fueron cayendo como pavos, como pollos fueron cayendo. Lamentablemente alrededor de 15 estudiantes resultaron intoxicados. Nadie se acercó, nadie metió la mano, ni siquiera preguntaron cómo seguía cada niño”, indica Juan Tejada, cuya hija ha resultado afectada en múltiples ocasiones en el centro.
Él, al igual que otros padres, ha tenido que erogar de sus bolsillos los costos en atención para su hija en centros médicos privados al desconfiar del servicio público de salud.
“Educación no dio nada, cada quien se arregló como pudo, con sus propias uñas”, lamentó Tejada.
Al respecto, el director de la escuela, Samuel Castillo, reveló que en lo que va de año han tenido cuatro casos de intoxicaciones masivas a causa de los pesticidas, pero señaló que el Ministerio de Educación no tiene un departamento para brindar asistencia económica para las familias que resulten afectadas en estas situaciones.
“Tengo entendido que hay un seguro, pero no sabemos cuándo se ejecuta, ni cómo se lleva a cabo. No sabemos si existe algún mecanismo para que alguna institución del Estado puede ayudar a subsidiar esos costos (en los que incurren los padres)”, explicó.
El seguro
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) ha desembolsado más de 867 millones de pesos en dos años para un seguro médico estudiantil contratado con Seguros Reservas, destinado a proteger a más de un millón y medio de estudiantes del sistema público, sin embargo, es desconocido entre padres, docentes y directores escolares a los que tuvimos acceso.
De acuerdo con documentos oficiales, el MINERD contrató con Seguros Reservas una póliza de salud estudiantil identificada con el número 2-2-112- 0044137, con pagos que ascienden a RD$542,160,000 en 2023 y RD$325,296,000 en 2024. En total, el Estado ha desembolsado RD$867,456,000 por un seguro que no ha sido utilizado por desconocimiento generalizado en las escuelas, en las familias y en la sociedad en general.
El monto original de la póliza por estudiante fue de 22.59 pesos, pero “luego de aplicado el bono por buena experiencia se reduce a RD$19.20 por estudiante. Esa buena experiencia se trata de haber tenido en el primer año “un índice de siniestralidad igual o menor al 25 por ciento en cada fin de año póliza”, en este caso, el año 2024.
De acuerdo al contrato al que tuvimos acceso, la cobertura de la póliza se extiende “a horarios escolares, que incluyen todas las tandas, dentro del recinto y en el trayecto de este, en todos los medios de transporte y se extiende a excursiones, campamentos, proyectos estudiantiles, paseos escolares u otras actividades desarrolladas por el Centro Educativo con los estudiantes”.
El mismo “incluye cobertura para riñas dentro de los planteles escolares y por intoxicación accidental dentro del plantel (se hace extensiva a desayuno y almuerzos escolares)”, precisa el documento.
El seguro ofrece cobertura de RD$8,000 por procedimientos ambulatorios, RD$50,000 por emergencias y RD$150,000 en caso de muerte o desmembramiento accidental.
Si las autoridades de los planteles del sistema educativo conocieran que existe un seguro para estas eventualidades, por el que el Ministerio de Educación ha pagado un total de RD$867 millones 456 mil pesos a Seguros Reservas, no perderían tiempo decidiendo o contactando a los padres para saber a qué lugar llevarán a los jóvenes a recibir asistencia.
Preguntas obligadas
La rúbrica de este contrato no es un secreto, puesto que el ministro de Educación de entonces, Ángel Hernández hizo el anuncio público el 17 de enero de 2024, indicando que el mismo tiene como propósito “garantizar que (los estudiantes) estén protegidos ante cualquier acontecimiento.
Sobre esta póliza, el ex Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas en el período 2012-2020, Osiris Mota, precisó que más que hacer un bien a la población estudiantil, el seguro representa un negocio lucrativo para alguien que se quiso beneficiar con las comisiones.
“Ese seguro se lo plantearon al ex ministro de Educación Antonio Mirabal y cuando él me consultó le dije que no era necesario porque la mayoría de los niños que asisten a las escuelas son hijos de trabajadores, que ya tienen un seguro de salud por la Seguridad Social, pero además el Estado es responsable de ofrecer asistencia en salud a cualquier niño que tenga un accidente”, puntualizó.
La ausencia de información, la falta de aplicación del seguro y la opacidad en torno al contrato abren interrogantes sobre la gestión de recursos públicos destinados a proteger la salud de los estudiantes. ¿Por qué el Ministerio de Educación no ha informado a las comunidades educativas sobre la existencia del seguro? ¿Por qué no aparece el contrato en los registros públicos? ¿Y qué mecanismos de supervisión garantizan que los fondos millonarios invertidos realmente beneficien a quienes fueron destinados?
El nuevo ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, no se ha pronunciado al respecto, y en diciembre de 2025 vence el contrato que fue renovado el año pasado. Restaría ver si finalmente se informa a la comunidad educativa el procedimiento para dar uso a las coberturas que establece el seguro en caso de emergencia o si finalmente se rescinde el mismo por falta de uso.
