Somos Pueblo.- El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), como órgano responsable de coordinar, promover y vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y medidas relativas a las necesidades de la población con Trastorno del Espectro Autista (TEA), de acuerdo a lo que establece la Ley de autismo (34-23), recibió un pírrico aumento en el presupuesto 2026 que espera por su promulgación.
De acuerdo a la pieza enviada al Poder Ejecutivo luego de ser convertida en ley por el Senado, el Conadis recibirá un aumento de casi 28 millones de pesos, pasando de 321 millones 708 mil 009 pesos a 349 millones 357 mil 729 pesos, es decir, poco más de dos millones de pesos al mes respecto al año pasado.
Este organismo no es responsable de ejecutar los distintos programas, sino de velar por la aplicación de los mismos de manera efectiva en instituciones como los ministerios de Educación, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Salud Pública, de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Trabajo, Industria Comercio y Mipymes y Deporte y Recreación.
“Todas las instituciones públicas responsables de la aplicación de esta ley incluirán, en sus respectivos presupuestos, la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones, destinados a ofrecer la atención, protección e inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”, indica el artículo 53 de la ley 34-23 sobre el aspecto de los recursos financieros.
En el caso del Educación, el más transversal a todos, por ser responsable de la creación de aulas inclusivas, el manejo del Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID), la formación de los profesores en inclusión, entre otros aspectos, ya contaba con un presupuesto desde el año pasado para algunas iniciativas como las “instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles” con un monto de 11 mil 391 millones 739 mil 380 pesos para lo que este año se destinarán 13 mil 729 millones 346 mil 870 pesos, lo que representa un aumento de más de 2,300 millones de pesos.
Lo mismo sucede con la partida de “servicios de educación especial para niños (as), adolescentes y jóvenes de 0-20 años” de Educación, que para 2025 tenía un total de mil 929 millones 623 mil 891 pesos, pasando al próximo año a 2 mil 427 millones 138 mil 329 pesos.
Es decir, asignación presupuestaria tenían desde 2025, pero los resultados no han impactado a nivel general en el tratamiento del TEA.
En los casos de los demás ministerios, esas partidas para la población con necesidades especiales no están especificadas, aunque algunas carteras como la de Salud Pública, en su presupuesto de 2026 recibió un aumento de 30,000 millones de pesos respecto a 2025. Obviamente, el hecho de que no estén detalladas no significa que no se vayan a destinar fondos para el tratamiento del autismo. Pues con más dinero se puede lograr una mayor eficiencia.
La ley 34-23 fue promulgada en 2023, pero sin reglamento, el cual fue emitido en 2024 sin tiempo para asignarse montos en el presupuesto de 2025. Para 2026, fuera de la cartera sanitaria, los ministerios no tienen montos significativos respecto al año anterior, lo que deja entrever que a menos que se reestructuren los gastos dentro de las propias instituciones para beneficiar a este sector poblacional, para el año próximo tendremos la misma respuesta hacia el autismo por parte del Estado.
Katherine Rodríguez, encargada del Departamento de Promoción Social en Conadis, advirtió a principios de este año que “no porque esté la ley, la respuesta va a ser tan rápida, sino que esto lleva un proceso”.
Quiérase o no, la ley es el instrumento principal para hacer frente a la realidad de las familias que conviven con el TEA, pero si no se cumplen se desvanecerán las esperanzas que generó esta normativa al momento que fue creada.
