Justicia, institucionalidad y el país que exigimos
El año 2025 llega a su fin marcado por una atmósfera poco habitual, un diciembre atípico. Ha sido un período intenso, cargado de debates, acusaciones falsas, cuestionamientos y expectativas, en el que la sociedad dominicana volvió a examinar con mayor rigor la relación entre justicia, economía e instituciones. No ha sido un año cómodo, pero sí profundamente revelador.
Más que fatiga, lo que se percibe es una tensión social acumulada, producto de años en los que el costo de la vida ha crecido más rápido que los ingresos, donde la presión fiscal recae de manera desigual y donde amplios sectores sienten que el esfuerzo cotidiano no siempre se traduce en progreso. Esta tensión no responde a un gobierno específico, sino a distorsiones estructurales que el país arrastra desde hace décadas y gobiernos de todos los partidos.
La clase media productiva —empleados, profesionales y pequeños empresarios— enfrenta hoy un escenario complejo: salarios que pierden poder adquisitivo, servicios que no siempre responden y un sistema impositivo que, con frecuencia, parece más eficiente para cobrar que para corregir desigualdades. Mientras tanto, persiste la percepción de privilegios diseñados para unos pocos, en detrimento del interés general.
Ese malestar social, de una sociedad descompuesta, tiene raíces profundas. Durante años, el país convivió con instituciones debilitadas, prácticas discrecionales y un modelo económico orientado más al consumo y la intermediación que a la producción nacional. Las consecuencias han sido una baja productividad, empleos frágiles y oportunidades limitadas de movilidad social.
Sin embargo, 2025 también fue un año de definiciones. A pesar de errores sistémicos, tensiones y casos que han generado legítima preocupación pública, hoy existen condiciones institucionales distintas. Los escándalos ya no se manejan en silencio y el Ministerio Público actúa con un nivel de independencia desconocido en el pasado reciente. El poder político ha dejado de controlar los procesos judiciales como mecanismo de protección o retaliación.
Este cambio no es menor. Representa un quiebre histórico que debe ser preservado y perfeccionado. La experiencia demuestra que no hay desarrollo sostenible sin instituciones que funcionen para todos y que no estén capturadas por intereses particulares.
Consolidar ese avance exige más que voluntad. El 2026 debe ser un año de mayor eficacia institucional. La sociedad espera un Ministerio Público más ágil y dinámico, capaz de acelerar investigaciones sin sacrificar rigor jurídico, y decidido a continuar depurando a quienes se apropian de recursos públicos de manera indebida. La lucha contra la corrupción no se mide por la inexistencia de casos, sino por la capacidad del Estado para enfrentarlos, sancionarlos y recuperar lo robado.
Pero la justicia, por sí sola, no resolverá los desafíos del país.
El modelo económico requiere ajustes urgentes. Es indispensable avanzar hacia un esquema más equitativo, que priorice la eficiencia, la productividad y el crecimiento compartido. La carga tributaria no puede seguir recayendo de forma desproporcionada sobre la clase media, mientras persisten normas y excepciones que benefician a los sectores de mayor poder económico. La recientemente promulgada Ley de Residuos Sólidos, percibida por amplios sectores como desequilibrada, es un ejemplo de legislación que merece revisión con criterios técnicos, equidad y sensibilidad hacia el aparato productivo nacional.
De cara a 2026, también se impone la necesidad de un sistema fiscal más moderno, simple y adaptado a los nuevos tiempos: un aparato tributario que incentive la formalización, la inversión y la producción, en lugar de castigar el trabajo y el emprendimiento; que recaude mejor, no necesariamente más, con reglas claras, progresivas y transparentes.
Cerrar 2025 implica asumir una responsabilidad colectiva: defender los avances institucionales alcanzados, exigir correcciones donde sean necesarias y evitar que los errores se conviertan en excusa para retrocesos.
El país vive hoy un momento de exigencia ciudadana y de definiciones estratégicas. Que el 2026 sea el año en que esa exigencia se traduzca en una justicia más eficiente, instituciones más sólidas, políticas públicas más equilibradas y un crecimiento económico que se refleje en la vida de la gente. En ese camino, iniciativas de articulación público-privada como META 2036, que aspira a duplicar el Producto Interno Bruto con inclusión, productividad e institucionalidad, solo serán viables si se sostienen sobre un Estado transparente, reglas claras y un régimen real de consecuencias.
Ese es el desafío.
Y también la oportunidad.
Por: Luis Miura hijo
