La abogada Ingrid Hidalgo, representante legal de un grupo de víctimas en el caso de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, informó que los querellantes han solicitado una indemnización ascendente a 300 millones de pesos como parte de las acciones civiles derivadas del proceso judicial.
Hidalgo explicó que este monto ha sido planteado como una medida de coerción de carácter real y adelantó que en los próximos días será depositado un recurso de concreción civil con el objetivo de formalizar la reclamación económica en favor de las víctimas.
En relación con la acusación presentada por el Ministerio Público, la jurista consideró que esta se ajusta a derecho. Indicó que el colapso registrado en la discoteca Jet Set fue catalogado como un hecho de carácter involuntario y que, conforme a la tipificación penal aplicable, la sanción prevista oscila entre seis meses y dos años de prisión.
Asimismo, reiteró que desde el inicio del proceso la defensa de las víctimas sostuvo que la solicitud de contraperitaje presentada por los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat resultaba inadmisible, al haber sido interpuesta fuera del plazo establecido por la ley. Según explicó, el juez del caso acogió este planteamiento al considerar que la petición no cumplía con los requisitos procesales.
Por su parte, el abogado Yan Carlos Martínez, quien también representa a otro grupo de afectados, afirmó que los peritajes realizados a la infraestructura del establecimiento aportan elementos suficientes para sustentar la presunta negligencia denunciada por los querellantes. Señaló que los estudios técnicos establecieron una sobrecarga del 126 %, así como la existencia de modificaciones estructurales ejecutadas sin las autorizaciones correspondientes.
Martínez agregó que el juez Raymundo Mejía dejó claro durante la audiencia que no se permitirán maniobras dilatorias en el desarrollo del proceso, en referencia a la solicitud de contraperitaje rechazada. A su juicio, la intención de la defensa de los hermanos Espaillat era retrasar el avance del caso, una estrategia que calificó como improcedente desde el punto de vista legal.
El proceso judicial continúa su curso mientras las partes querellantes mantienen su reclamo de responsabilidades civiles y penales por los hechos que derivaron en la tragedia del centro nocturno.
