Somos Pueblo | La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la madrugada de este jueves la prisión preventiva impuesta al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim. Se informó que el tribunal rechazó los recursos de apelación de los siete imputados principales por supuesta corrupción administrativa y fraude al Estado. Se alega que el entramado sustrajo más de 15,900 millones de pesos de la ARS estatal mediante diversas maniobras ilícitas. Se presume que el peligro de fuga y la gravedad del daño causado al patrimonio público fueron determinantes para mantener la medida.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñoz, determinó que no han variado los presupuestos que justificaron la privación de libertad original. Se informó que junto a Hazim continuarán en prisión Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo y otros cuatro colaboradores directos de la gestión pasada. Se alega que la estructura operó de forma sistemática entre los años 2020 y 2025 para desfalcar el sistema público de riesgos de salud. Se presume que el Ministerio Público presentará en los próximos meses la acusación formal con nuevas pruebas de soborno y lavado de activos.
Por otro lado, la decisión de mantener el arresto domiciliario a tres empresarios vinculados al caso generó fuertes críticas por parte de los abogados de las víctimas. Se informó que los imputados Eduardo Read, Cinty Acosta y Heidi Pineda no fueron enviados a prisión preventiva a pesar de las solicitudes de revisión. Se alega que estos beneficiarios habrían recibido miles de millones de pesos del presunto esquema de corrupción estatal sin enfrentar la cárcel común. Se presume que esta diferencia de trato procesal refuerza la percepción de que existen privilegios basados en el poder económico.
Finalmente, el abogado Surún Hernández calificó el fallo como abusivo y anunció que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia para exigir igualdad en las medidas. Se informó que los cargos contra el grupo incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado y falsificación de documentos públicos. Se alega que la magnitud del fraude es considerada por Participación Ciudadana como un acto de criminalidad organizada de alto impacto. Se presume que el caso SeNaSa se convertirá en uno de los juicios por corrupción más extensos y complejos de la última década en el país.
