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jueves, febrero 5, 2026

Ministerio Público solicita penas de hasta 20 años en juicio del caso Coral

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El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones finales en el juicio de fondo del denominado caso Coral, solicitando al tribunal la imposición de penas de prisión de hasta 20 años para varios de los principales imputados por presuntas violaciones a la Constitución, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco de caudales públicos y lavado de activos, entre otros delitos graves.

Durante la audiencia celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, expuso los argumentos del órgano acusador y solicitó al tribunal que imponga sanciones severas a los encartados.

Para el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), así como para Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola, el Ministerio Público pidió condenas de 20 años de cárcel y multas equivalentes a 400 salarios mínimos. Asimismo, solicitó el decomiso de bienes muebles e inmuebles —incluidas propiedades, vehículos y activos financieros— para que pasen a favor del Estado dominicano.

En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien ha colaborado con la fiscalía como delator, el órgano acusador propuso una pena reducida de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, en reconocimiento a su cooperación efectiva y al aporte de información clave en el proceso. El Ministerio Público también planteó que el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario sea computado para efectos de la pena o que, de no ser así, el resto pueda cumplirse bajo suspensión con condiciones específicas, como residir en un domicilio fijo, no portar armas y presentarse periódicamente ante el juez de ejecución.

Este proceso forma parte de la investigación penal que se sigue en torno al caso Coral y otros relacionados, en los que se acusa a diversos militares, policías y civiles de supuestas irregularidades vinculadas al desfalco de fondos públicos.

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