El Ministerio Público solicitó este jueves al tribunal una pena de cinco años de prisión para el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien actuó como delator en el juicio de fondo del denominado caso Coral, en el que se investigan presuntos actos de corrupción administrativa.
Durante la presentación de sus conclusiones ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, explicó que la solicitud de una pena reducida responde a la cooperación efectiva y a la información que Girón Jiménez aportó al proceso, la cual fue considerada clave por el órgano acusador para estructurar la acusación contra otros implicados.
La petición fiscal forma parte de un paquete de conclusiones que también incluye solicitudes de penas mayores —de hasta 20 años de prisión— para los principales acusados en el proceso. Entre ellos están el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el exdirector del CESTUR Juan Carlos Torres Robiou y otros oficiales señalados por el Ministerio Público de violar la Constitución, incurrir en coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos, entre otros delitos graves.
Además de la privación de libertad, el Ministerio Público pidió que a Girón Jiménez se le imponga una multa de 200 salarios mínimos y que se tome en cuenta el tiempo que ha cumplido bajo arresto domiciliario, de modo que ese período pueda considerarse como ya cumplido o que el resto de la pena se ejecute bajo condiciones específicas, como residir en un domicilio fijado ante el tribunal, no portar armas y presentarse periódicamente ante un juez de ejecución de la pena.
El caso Coral —junto con la operación derivada conocida como Coral 5G— es uno de los más relevantes por el número de imputados y el monto económico involucrado en la presunta desviación de fondos públicos, y está en su fase final de conclusiones, a la espera de que el tribunal emita un veredicto.
