Somos Pueblo | La fiscal de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, advirtió que no habrá impunidad para quienes utilicen cargos oficiales para violar la ley. Se informó que estas declaraciones surgen tras la detención de Melitón Cordero, un exsupervisor de la DEA asignado a la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Se alega que el exfuncionario participó en un presunto esquema de sobornos y fraude de visas que operaba desde la capital dominicana. Se presume que las investigaciones federales continuarán hasta desmantelar toda la red de corrupción que facilitaba ingresos ilegales.
De acuerdo con las acusaciones presentadas, Cordero supuestamente aprovechaba su influencia para mover a personas en las filas de espera de la sección consular a cambio de dinero. Se informó que el exoficial fabricaba documentos falsos para facilitar que individuos obtuvieran la entrada a territorio estadounidense de manera fraudulenta. Se alega que estas acciones comprometieron la seguridad fronteriza y la integridad de los procesos migratorios legales entre ambos países. Se presume que el monto de los beneficios económicos obtenidos por estos servicios ilícitos asciende a cifras considerables.
La fiscal Pirro enfatizó que cualquier persona que abuse de su uniforme o insignia será objeto de investigaciones rigurosas y procesos judiciales ejemplares. Se informó que la captura de Cordero fue el resultado de una colaboración estrecha entre agencias de inteligencia de Estados Unidos y las autoridades dominicanas. Se alega que el exsupervisor de la DEA manejaba información privilegiada que le permitía evadir los controles internos de la embajada durante largo tiempo. Se presume que existen otros cómplices dentro y fuera de la institución que colaboraban con el esquema.
Finalmente, las autoridades estadounidenses reiteraron su compromiso de combatir el fraude y la corrupción en todas sus formas a nivel internacional. Se informó que el detenido enfrentará cargos por conspiración, soborno y falsificación de documentos ante una corte federal próximamente. Se alega que este caso envía un mensaje contundente a otros funcionarios públicos sobre las consecuencias de involucrarse en actividades criminales transnacionales. Se presume que el proceso de extradición y juicio será seguido de cerca por la opinión pública tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos.
