Somos Pueblo | La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación penal exhaustiva sobre supuestas ocupaciones ilegales y fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas. Se informó que la disposición abarca zonas críticas como el Parque Nacional Jaragua, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y las Dunas de Baní. Se alega que el Ministerio Público busca identificar posibles irregularidades que comprometan gravemente el patrimonio natural y los recursos estratégicos de la nación. Se presume que la acción responde a constantes denuncias sobre la emisión irregular de títulos en terrenos del Estado.
Para ejecutar esta labor, se designó una fuerza de tarea especial bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución. Se informó que el equipo de alto nivel incluye a los titulares de la Pepca, la Procuraduría de Medio Ambiente, Anti-Lavado de Activos y la Unidad de Investigación Inmobiliaria. Se alega que los fiscales investigarán todos los actos administrativos y transacciones que supuestamente facilitaron el apoderamiento de tierras protegidas por parte de particulares. Se presume que existen entramados criminales y actos de prevaricación detrás de estas operaciones fraudulentas.
La instrucción ordena que las indagatorias se extiendan a los 134 parques y reservas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Se informó que el equipo investigador deberá rendir un informe detallado, junto al Ministerio de Medio Ambiente, sobre el impacto real de los delitos ecológicos detectados hasta la fecha. Se alega que la investigación pondrá especial énfasis en los casos donde se haya utilizado la falsificación de documentos para legitimar la propiedad privada en zonas prohibidas. Se presume que este informe servirá de base para solicitar la anulación de títulos obtenidos mediante corrupción.
Finalmente, la procuradora general enfatizó que la preservación de estas zonas es clave para garantizar la seguridad hídrica y económica de las futuras generaciones de dominicanos. Se informó que el Ministerio Público ha decidido elevar la rigurosidad en la persecución de delitos ambientales, tratándolos bajo el mismo estándar que el crimen organizado. Se alega que este reenfoque estratégico busca detener daños que podrían ser irreversibles para la biodiversidad de la isla. Se presume que en las próximas semanas comenzarán los interrogatorios a exfuncionarios y beneficiarios de las áreas supuestamente afectadas por estos fraudes.
