Somos Pueblo | La empresa Cristóbal Colón, S.A. emitió un comunicado oficial para reafirmar la supuesta solidez jurídica de sus derechos de propiedad sobre la Parcela 26-B en Guerra. Se informó que los terrenos, ubicados en el Distrito Catastral 65/1 de la provincia Santo Domingo, cuentan con una cadena de títulos que data desde el año 1969. Se alega que la propiedad actual se sustenta en transferencias debidamente documentadas y registradas conforme al sistema registral dominicano vigente. Se presume que esta aclaración surge para validar la titularidad de la compañía ante cualquier cuestionamiento sobre la posesión de dichas tierras.
La cronología de adquisición presentada por la entidad detalla que las porciones fueron adquiridas originalmente por el señor Luis M. Carbuccia Arache a la Hacienda Rosalinda. Se informó que, tras varios aportes de capital y ventas sucesivas, los terrenos pasaron a manos de Cristóbal Colón, S.A. en marzo de 1980 y octubre de 1982. Se alega que una de estas transferencias incluyó más de 1.5 millones de metros cuadrados derivados de una litis judicial previa. Se presume que la seguridad jurídica de estos inmuebles está amparada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia emitida en febrero de 1984.
La empresa precisó que todas las actuaciones relacionadas con el inmueble se han desarrollado estrictamente dentro del marco del debido proceso legal y técnico. Se informó que se han realizado inspecciones y audiencias sin que exista hasta el momento ninguna decisión que invalide los derechos registrados por la compañía. Se alega que la documentación técnica respalda la ubicación y extensión de la Parcela 26-B frente a cualquier reclamación de terceros. Se presume que la compañía busca garantizar la transparencia de sus activos inmobiliarios mediante esta exposición pública de sus antecedentes legales.
Finalmente, Cristóbal Colón, S.A. reiteró su compromiso con el respeto al sistema registral inmobiliario y la defensa de sus derechos de propiedad conforme a la ley. Se informó que el comunicado íntegro se mantiene a disposición para consulta de las autoridades y sectores interesados en el desarrollo del municipio de Guerra. Se alega que la estabilidad de estas tierras es fundamental para la seguridad jurídica de las inversiones que se realizan en la provincia de Santo Domingo. Se presume que la empresa mantendrá su postura institucional firme en cualquier escenario administrativo o judicial futuro.
