Somos Pueblo | El abogado Joel Carlo Román recibió hoy medidas de coerción tras ser vinculado a una supuesta red de estafa inmobiliaria y lavado de activos. Se informó que el tribunal de Puerto Plata dispuso el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica contra el jurista investigado. Se alega que existen pruebas suficientes que lo relacionan con delitos de asociación de malhechores y falsificación de documentos en perjuicio de inversores extranjeros. Se presume que este esquema afectó gravemente la seguridad jurídica de proyectos turísticos en la zona norte del país.
Esta decisión judicial se suma a otra medida previa impuesta en San Francisco de Macorís, donde se le exigió una garantía de cinco millones de pesos. Se informó que el Ministerio Público también persigue a José Rafael Román Argotte, quien supuestamente se encuentra prófugo de la justicia por los mismos hechos. Se alega que la empresa Gurka Trade SRL fue utilizada como un presunto vehículo societario para ejecutar los fraudes contra ciudadanos estadounidenses en Playa Cabarete. Se presume que las víctimas sufrieron pérdidas económicas que superarían los 100 millones de pesos debido a estas acciones.
La acusación principal sostiene que los imputados realizaron un embargo supuestamente ilegal contra el Restaurante Rocky Aqua en perjuicio de la empresa Rocky’s Star SRL. Se informó que los afectados, representados por sus abogados, denuncian que las maniobras fraudulentas buscaban despojarlos de sus activos mediante documentos falsificados. Se alega que la detención de Román, efectuada el pasado 20 de febrero, es el resultado de una investigación exhaustiva por querellas interpuestas hace meses. Se presume que el caso seguirá escalando debido a la magnitud de los montos involucrados en la supuesta estafa.
Finalmente, el proceso judicial continuará su curso mientras el Ministerio Público profundiza en las supuestas conexiones de esta presunta asociación de malhechores en otras provincias. Se informó que las autoridades están tras la pista de otros posibles implicados que habrían facilitado las maniobras legales para los embargos irregulares. Se alega que este caso envía un mensaje sobre la supuesta vigilancia ante delitos de cuello blanco que afectan el clima de inversión. Se presume que las víctimas continuarán exigiendo la recuperación de sus bienes y la aplicación de sanciones penales máximas contra los responsables.
