Somos Pueblo | El Senado de la República se encuentra analizando un proyecto de modificación a la Ley 50-88 sobre sustancias controladas, el cual propone eliminar las penas de cárcel para personas sorprendidas en posesión para consumo personal. La iniciativa busca transformar la sanción penal actual en una remisión obligatoria a programas de evaluación, orientación y rehabilitación bajo la supervisión de las autoridades de salud.
De acuerdo con la propuesta presentada por el senador Edward Espiritusanto, la modificación al artículo 75 de la legislación vigente sustituiría las actuales penas de seis meses a dos años de prisión por medidas de reducción de riesgos y daños. El legislador sostiene que la condición de dependencia debe ser abordada como un tema de salud pública y salud mental, priorizando la prevención y el tratamiento integral sobre la persecución judicial del consumidor.
Es importante destacar que el proyecto legislativo mantiene sin variaciones las sanciones severas para las demás categorías relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas. Las penas para distribuidores, vendedores e intermediarios continuarán siendo de tres a diez años, mientras que para los responsables de tráfico y patrocinio de estas actividades se conservan los castigos de hasta 30 años de prisión y multas millonarias.
Conforme a lo establecido en la pieza en estudio, los ciudadanos que se encuentren en situación de consumo serían enviados a centros especializados siguiendo los protocolos técnicos del Ministerio de Salud Pública. De esta manera, el sistema legal dominicano buscaría diferenciar el tratamiento entre los usuarios con necesidades sanitarias y quienes se dedican a la comercialización a gran escala.
