Santo Domingo.- Mediante el acto de alguacil No. 622-2026, los señores Hernani Abraham Aquino Hernández, Ricardo Ripoll y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino (Piro), a través de sus abogados, los licenciados Máximo Juan Miñoso Santoni, Hanfiel Antonio Polanco Ramos, César V. Polanco Reynoso y J. Rafael Céspedes Amparo, formalizaron un acto de intimación y puesta en mora contra la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de fiscalización de los recursos públicos.
La acción se sustenta en la alegada omisión prolongada del órgano de control externo en auditar, fiscalizar y publicar informes sobre el uso de los fondos públicos asignados a los partidos políticos, los cuales superan los RD$28,000 millones en las últimas dos décadas, conforme a datos oficiales de la Junta Central Electoral.
De acuerdo con informaciones disponibles en el portal institucional de la Cámara de Cuentas y reportes periodísticos recientes, no existen auditorías integrales, sistemáticas y actualizadas publicadas sobre estas organizaciones en más de 17 años, lo que ha generado cuestionamientos sobre los niveles de transparencia en el manejo de estos recursos.
Mediante el referido acto, los requirentes otorgan plazos perentorios para que la Cámara de Cuentas apruebe y publique un Plan Especial de Auditoría, inicie las evaluaciones financieras, de gestión y de cumplimiento, y divulgue los informes correspondientes de manera oportuna y accesible al público. Asimismo, advierten que el incumplimiento podría dar lugar a acciones legales, incluyendo recursos constitucionales, acciones de amparo y demandas por responsabilidad administrativa.
Los firmantes sostienen que esta situación compromete gravemente los principios de transparencia, rendición de cuentas y control efectivo del gasto público, pilares fundamentales del Estado de Derecho y de la confianza ciudadana en las instituciones.
