Articulo escrito por Luis Miura
Mientras las cifras macroeconómicas continúan mostrando crecimiento, estabilidad y dinamismo en sectores importantes de la economía dominicana, miles de micro, pequeñas y medianas empresas viven una realidad completamente distinta: una presión económica acumulativa que amenaza seriamente su sostenibilidad.
Y el problema más peligroso es que esta crisis no hace ruido.
No explota de golpe.
No aparece necesariamente en los grandes indicadores.
No provoca titulares inmediatos.
Es una erosión lenta, constante y silenciosa del tejido productivo nacional.
Hoy las MIPYMES dominicanas enfrentan simultáneamente:
- Aumentos salariales acumulativos,
- Incremento del costo real de la seguridad social.
- presión tributaria
- anticipo
- costos eléctricos,
- Aumento de materias primas.
- Fletes internacionales elevados,
- Seguros más caros y con menos cobertura.
- presión cambiaria
- Burocracia creciente.
- Competencia desleal de la informalidad.
- Concentración económica,
- Crecimiento de marcas blancas.
- y nuevas cargas regulatorias que continúan acumulándose.
Cada medida individual puede parecer razonable de manera aislada.
Pero juntas están creando una tormenta perfecta para el aparato productivo pequeño y mediano del país.
Y hay algo que debe decirse con claridad:
Las MIPYMES no están enfrentando un solo problema. Están absorbiendo prácticamente todos los aumentos de costos de la economía dominicana.
Mientras tanto:
- El consumo se desacelera.
- Los márgenes se reducen.
- El financiamiento sigue siendo costoso.
- y la capacidad de trasladar precios al consumidor es cada vez menor.
El resultado es devastador:
Muchas empresas venden más pesos, pero ganan menos dinero.
O peor aún:
Sobreviven descapitalizándose.
Miles de empresarios hoy mantienen sus negocios abiertos:
- sacrificando ahorros familiares,
- hipotecando patrimonio,
- Refinanciando deudas.
- postergando inversiones,
- o simplemente dejando de cobrar un salario real.
Eso no es crecimiento económico.
Eso es resistencia empresarial.
El país debe entender algo fundamental:
Una empresa no quiebra solamente cuando cierra sus puertas.
También quiebra lentamente cuando:
- Deja de invertir.
- Deja de innovar.
- Deja de contratar.
- Pierde competitividad.
- O entra en modo supervivencia permanente.
Y eso ya está ocurriendo en gran parte del ecosistema MIPYME nacional.
La situación se vuelve aún más preocupante cuando observamos el rumbo general del modelo económico.
Cada vez más sectores están concentrándose en:
- Grandes cadenas,
- Grandes importadores,
- Plataformas internacionales,
- y grupos con mayor capacidad financiera y regulatoria.
Mientras tanto, producir localmente se vuelve más difícil, más costoso y más riesgoso para las pequeñas y medianas empresas.
La República Dominicana corre el riesgo de convertirse en una economía donde:
- Sobreviven grandes corporaciones.
- Proliferan pequeños negocios de subsistencia.
- Pero desaparece progresivamente la empresa mediana fuerte.
Y esa empresa mediana es precisamente el corazón económico de las sociedades desarrolladas:
La que genera empleo estable, innovación, movilidad social y desarrollo territorial.
Otro aspecto que merece atención urgente es la creciente desconexión entre regulación y realidad empresarial.
Muchas políticas públicas persiguen objetivos legítimos:
- Protección social,
- Sostenibilidad ambiental
- Formalización
- Mejores salarios,
- Ampliación de derechos.
Pero cuando esas cargas se implementan sin gradualidad, sin diferenciación y sin estudios técnicos profundos sobre impacto económico, el resultado puede ser contraproducente.
No es posible regular igual a:
- una microempresa familiar,
- una pequeña industria,
- y una corporación multimillonaria.
Sin embargo, muchas veces el sistema actúa como si todas tuvieran la misma capacidad financiera, administrativa y operativa.
La discusión sobre la modificación de la Ley 87-01, por ejemplo, ha despertado enorme preocupación en el sector productivo, porque un incremento adicional en los aportes elevaría aún más el costo real del empleo formal.
Y eso podría generar exactamente lo contrario de lo que el país necesita:
- Más informalidad.
- Menos contratación,
- Menor capacidad de consumo.
- y mayor presión sobre empresas ya debilitadas.
Lo mismo ocurre con la Ley de Residuos Sólidos, donde amplios sectores empresariales consideran que las cargas propuestas resultan desproporcionadas para las MIPYMES y carecen de suficiente sustento técnico y diferenciación por tamaño empresarial.
Pero advertir sobre el problema no basta.
El país necesita pasar urgentemente de la preocupación a las soluciones.
Y la buena noticia es que todavía existen medidas rápidas, viables y políticamente posibles para aliviar la presión sobre las MIPYMES sin comprometer la estabilidad económica nacional.
Una de las acciones más inmediatas sería reformular o suspender temporalmente el anticipo para micro y pequeñas empresas, permitiendo que miles de negocios recuperen flujo de caja y capacidad de reinversión.
De igual manera, resulta urgente crear un régimen simplificado real para MIPYMES, que integre de manera sencilla obligaciones tributarias y de seguridad social, reduciendo la burocracia y haciendo que formalizarse sea más conveniente que mantenerse en la informalidad.
El país también necesita una pausa en la acumulación de nuevas cargas regulatorias. Antes de seguir aumentando costos laborales, ambientales o parafiscales, debe existir una evaluación seria sobre la capacidad real de las empresas para absorberlos.
Toda regulación futura debería incorporar principios básicos de:
- proporcionalidad
- gradualidad
- Diferenciación por tamaño,
- y análisis técnico de impacto económico.
Porque no puede exigirse lo mismo a una microempresa de cinco empleados que a una gran corporación con acceso a capital, financiamiento y economías de escala.
Asimismo, es indispensable impulsar un programa agresivo de financiamiento productivo enfocado en:
- modernización,
- tecnología
- Automatización,
- Eficiencia energética,
- y capital de trabajo.
El objetivo no debe ser subsidiar pérdidas, sino aumentar productividad y competitividad.
En lugar de castigar constantemente al sector formal, el país debería incentivar la formalización mediante ventajas reales:
- acceso a crédito,
- Prioridad en compras gubernamentales.
- programas tecnológicos,
- Reducción temporal de cargas.
- y mecanismos de apoyo a la innovación.
Las compras gubernamentales, además, deben convertirse en un verdadero motor para las MIPYMES nacionales. No basta con abrir licitaciones; se necesitan pagos rápidos, procesos simplificados y condiciones que permitan a pequeñas empresas suplir al Estado sin quebrar financieramente en el intento.
También resulta indispensable abrir una discusión equilibrada sobre la sostenibilidad del sistema laboral y de seguridad social, buscando mecanismos que permitan proteger derechos sin seguir elevando indefinidamente el costo del empleo formal.
Porque si contratar formalmente se vuelve cada vez más costoso, el resultado inevitable será:
- Más informalidad.
- Menor generación de empleos.
- y debilitamiento del tejido empresarial.
La República Dominicana necesita abrir una conversación nacional seria sobre el futuro de su aparato productivo.
Debemos preguntarnos:
¿Qué modelo económico queremos construir?
¿Uno donde las pequeñas y medianas empresas sean eje de desarrollo, industrialización y estabilidad social?
¿O uno donde cada vez sea más difícil producir formalmente y el mercado termine concentrado en pocos actores de gran escala?
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
Pero para hacerlo, el gobierno, el Congreso, el sector financiero, los organismos reguladores, los gremios empresariales y toda la sociedad deben comprender algo esencial:
Las MIPYMES no están pidiendo privilegios.
Están pidiendo condiciones razonables para poder producir, competir, generar empleos y sobrevivir formalmente.
Porque ningún país puede aspirar a un desarrollo verdaderamente sostenible mientras debilita silenciosamente el principal tejido productivo que sostiene su economía.
Articulo escrito por Luis Miura
