Somos Pueblo. – El presidente Luis Abinader ha rechazado las recientes denuncias sobre un posible aumento en las desapariciones de personas en la República Dominicana. Durante su intervención en el programa La Semanal con la Prensa, Abinader aseguró que, según las estadísticas oficiales, no ha habido un incremento en los casos de desapariciones, a pesar de la creciente preocupación de la ciudadanía y la constante circulación de reportes en medios de comunicación y redes sociales.
El mandatario explicó que, a pesar de la alta visibilidad de este fenómeno en la era digital, los números oficiales muestran una estabilidad en la tasa de desapariciones en los últimos años. «No ha habido un incremento, puedes buscar las estadísticas. Desgraciadamente, este ha sido un tema desde hace mucho tiempo», sostuvo Abinader, haciendo un llamado a revisar las cifras disponibles. Además, indicó que su gobierno ha tomado medidas para mejorar la respuesta ante estos casos, destacando el fortalecimiento de los recursos destinados a la búsqueda de desaparecidos.
El presidente también subrayó que la proliferación de imágenes repetidas en las redes sociales podría generar una falsa percepción de un aumento en los casos de desapariciones. Afirmó que el fenómeno ha existido por largo tiempo y que el gobierno está trabajando para hacer frente a la situación, aunque reconoció la complejidad de los casos y las diversas razones detrás de las desapariciones.
A pesar de sus declaraciones, las autoridades no han proporcionado cifras oficiales actualizadas sobre el número total de desapariciones en el país, lo que deja en el aire la discusión sobre la veracidad de las afirmaciones del presidente y la real magnitud de este problema social. Esta falta de datos actualizados ha generado incertidumbre en muchos sectores de la sociedad.
Por otro lado, familiares de personas desaparecidas han expresado su frustración ante lo que perciben como deficiencias en el sistema de búsqueda. Diversas quejas han sido manifestadas, principalmente en torno a la falta de recursos humanos y económicos destinados a la labor de búsqueda. También han señalado como problemática la carencia de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, como en el sistema de emergencia 9-1-1, y el mal estado de las que existen.
Asimismo, las denuncias sobre la burocracia en los procedimientos legales también han sido recurrentes. Según los testimonios de los afectados, los trámites necesarios para la intervención de las autoridades, como la solicitud de intervenciones telefónicas, suelen ser tediosos y lentos, lo que alarga el tiempo de respuesta ante una desaparición. También se ha destacado el tiempo de espera para que una denuncia por desaparición sea admitida, el cual puede variar entre 48 y 72 horas, lo que complica la rápida acción en situaciones de emergencia.
En cuanto a los datos oficiales proporcionados por la Policía Nacional, a través de una solicitud de acceso a la información pública, se sabe que entre los años 2019 y 2023 se reportaron 1,071 desapariciones en total. De estas, 616 personas fueron localizadas, ya sea vivas o muertas, mientras que 299 continúan desaparecidas. En 2023, por ejemplo, se registraron 215 casos de desapariciones, de los cuales 164 fueron resueltos. Sin embargo, un 23.7% de los casos de ese año aún permanecen sin respuesta.
La cifra de personas desaparecidas, aunque parece estar dentro de los márgenes históricos, sigue siendo preocupante, sobre todo por las dificultades que enfrentan las autoridades y las familias para localizar a los desaparecidos. La ausencia de una actualización constante de las estadísticas y la falta de claridad sobre los avances en la investigación de estos casos generan desconfianza en la población y dejan abierta la pregunta de si el gobierno está tomando las medidas adecuadas para abordar esta crisis.
Las desapariciones no son solo un número en las estadísticas, sino que representan la angustia de miles de familias que sufren la incertidumbre de no saber el paradero de sus seres queridos. En este sentido, la reflexión debe girar en torno a qué tan efectivas son las políticas públicas en materia de seguridad y si realmente se están destinando los recursos necesarios para hacer frente a este grave problema social.
En última instancia, la verdadera pregunta es si se están implementando las medidas adecuadas para resolver este problema y, sobre todo, si se está garantizando la seguridad de todos los ciudadanos en el país.
