En 2016, Luis Abinader, entonces candidato presidencial en la República Dominicana, prometió un futuro más accesible y conectado, asegurando que su gobierno reduciría los impuestos sobre internet y la tecnología. En una publicación en X (anteriormente Twitter) el 6 de febrero de ese año, Abinader proclamó: “Buscaremos reducir impuestos al internet y a la tecnología. Esto es gobierno joven, este es el cambio”. Esta promesa reflejaba un enfoque hacia la modernización y la digitalización del país, donde el acceso a la tecnología se consideraba crucial para el desarrollo económico y social.
La Promesa de un Gobierno Joven
Abinader, con su discurso sobre un «gobierno joven» y la necesidad de cambios en la gestión pública, capturó la atención de muchos votantes que buscaban un enfoque fresco y progresista. La reducción de impuestos en áreas críticas como internet y tecnología se alineaba con las necesidades de una población cada vez más digitalizada, que demandaba acceso asequible a la información y a los servicios en línea.
Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente desde entonces. En 2024, ya como presidente, Abinader ha propuesto gravar los servicios digitales y las compras por internet que sean menores a 200 dólares. Este cambio de postura ha generado descontento y críticas entre aquellos que apoyaron sus promesas iniciales de fomentar un entorno digital más accesible.
Nuevas Medidas Fiscales
La nueva reforma fiscal busca aumentar la recaudación en un contexto de déficit fiscal y presiones económicas. A través de esta medida, el gobierno pretende gravar transacciones digitales que antes estaban exentas, argumentando que es necesario para mejorar la infraestructura y los servicios públicos. Sin embargo, muchos ciudadanos ven este movimiento como una traición a las promesas de 2016, considerando que la imposición de impuestos a servicios digitales podría limitar el acceso a la tecnología y frenar la innovación.
Críticas y Reacciones
Las críticas hacia esta reforma han surgido de diferentes sectores, incluyendo emprendedores, consumidores y expertos en tecnología. Muchos argumentan que gravar servicios digitales y compras en línea podría desincentivar el uso de la tecnología, afectando especialmente a las pequeñas empresas que dependen de las ventas en línea para sobrevivir. Además, se señala que la medida podría perjudicar a los usuarios, quienes enfrentarán costos más altos por servicios que anteriormente se prometieron incentivar.
