Santo Domingo. – La reciente anulación de la licitación pública OCI-CCC-LPN-2024-0003, que tenía como objetivo el equipamiento de talleres y servicios conexos en centros educativos a nivel nacional, ha desatado una ola de controversias y llamado la atención del presidente Luis Abinader. Durante una intervención en la rueda de prensa La Semanal con la Prensa, el mandatario expresó la necesidad de investigar a fondo este proceso, señalando que la licitación realizada por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) debe ser analizada “más allá” de su simple cancelación.
Este procedimiento de licitación, que inicialmente ascendía a un monto de 945 millones de pesos y fue modificado a RD$ 966,748,624.00 millones, se vio empañado por serias irregularidades que motivaron su anulación por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Según el director de este organismo, Carlos Pimentel, la OCI, como unidad ejecutora del Ministerio de Educación, está en la obligación de lanzar un nuevo proceso para subsanar los fallos cometidos. Pimentel detalló que la resolución de anulación se fundamentó en cinco recursos presentados por proveedores, lo que evidenció las deficiencias del proceso licitatorio.
Entre las irregularidades detectadas, destacan las violaciones al artículo 20 de la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas, así como los principios de eficiencia, economía y flexibilidad que deberían regir estos procedimientos. El pliego de condiciones y sus enmiendas no proporcionaban la información suficiente para la correcta elaboración y evaluación de las ofertas, lo que descalifica a un proceso esencialmente destinado a modernizar y dotar de recursos a los centros educativos del país. Además, se halló que varias de las propuestas adjudicadas no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, lo que constituye una grave violación al debido proceso administrativo y al cumplimiento de las normativas vigentes.
El caso ha puesto de manifiesto las debilidades en la gestión de los recursos públicos, en un contexto donde la transparencia y la eficiencia son más necesarias que nunca, especialmente cuando se trata de fondos destinados al sistema educativo. La ciudadanía y los proveedores se encuentran ahora a la expectativa de la continuación de este proceso, que podría tener repercusiones tanto en el ámbito administrativo como en el político, en caso de que se confirme la existencia de irregularidades significativas en el manejo de los contratos.
Por su parte, el Ministerio de Educación ha manifestado que la licitación fue realizada bajo la supervisión de la OCI, y ha respaldado la decisión de Contrataciones Públicas al respecto. Sin embargo, el presidente Abinader ha instado a que el caso sea investigado más a fondo, dejando claro que la transparencia en los procesos de contratación no es negociable. La situación abre un nuevo capítulo en la lucha por mejorar la gestión pública y garantizar que los fondos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente y sin obstáculos que perjudiquen a los estudiantes y la calidad educativa.
Este episodio refleja una vez más la necesidad de una profunda reforma en la forma en que se gestionan las contrataciones en el sector público, donde la ética y la responsabilidad deben primar para evitar que fondos públicos sean mal administrados o desviados de su propósito original. A medida que se desarrollan los eventos, se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para corregir las fallas en el sistema y garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro.
