Laura Acosta, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), expresó este jueves su indignación por la forma en que fue arrestado su cliente, señalando que se violaron sus derechos fundamentales desde el principio.
“No estamos cuestionando al Ministerio Público; tiene la facultad de investigar, allanar o arrestar. Sin embargo, el abuso y la violación de derechos, así como la negación de asistencia legal durante el arresto, son acciones totalmente inaceptables de la Procuraduría General de la República”, afirmó.
Acosta describió cómo las autoridades entraron violentamente a la vivienda de su cliente, esposándolo frente a su familia, incluyendo a su hijo menor. Detalló que, en medio de la situación, los agentes sacaron a la fuerza a la madre y al niño del baño.
La abogada criticó la falta de transparencia y comunicación por parte de las autoridades judiciales, lo que indica un proceso judicial viciado. También denunció irregularidades en el manejo del caso de su cliente, mencionando que, mientras Hugo Beras estaba bajo custodia, un procurador adjunto le solicitó que firmara un documento sin permitirle revisar su contenido. Acosta intentó ingresar a la Procuraduría para asistirlo, pero se le negó el acceso, y al contactar a su cliente, el fiscal cortó la llamada.
Además, Acosta expresó su descontento con la actuación de algunos jueces, quienes, según ella, acceden a las peticiones sin considerar las implicaciones de sus decisiones. “Es doloroso ver cómo se han convertido en el monstruo contra el que luchamos”, agregó.
La abogada mencionó que Hugo Beras le había contactado previamente para que investigara de manera independiente los problemas relacionados con la empresa semafórica Transcore Latam. “No entiendo los cargos que se le están imputando y estamos a la espera de conocer la acusación formal del Ministerio Público”, comentó.
Acosta también aclaró que ni ella ni su cliente estaban al tanto de una orden de arresto. Recordó que Hugo solo había asistido a la Unidad Antifraude de la Contraloría en un par de ocasiones y había respondido a todas las preguntas pertinentes a una investigación en curso. “Desde febrero, no hemos recibido comunicación formal sobre su estado”, lamentó.
A pesar de la incertidumbre que enfrentan los abogados, la situación actual es alarmante, especialmente en un contexto donde las garantías legales están siendo comprometidas. Se espera que el Ministerio Público presente en las próximas 24 horas la solicitud de medida de coerción contra el exfuncionario.
