Somos Pueblo.- Los abogados Yan Carlos Martínez Segura y Félix Humberto Portes Núñez, representantes legales del joven Jefte Rafael Ventura Jiménez, expresaron este martes su rechazo categórico a la resolución emitida por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, mediante la cual se le impusieron varias medidas de coerción a su defendido.
Según explicaron los juristas, la decisión judicial establece impedimento de salida del país, una garantía económica de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), presentación periódica mensual y una orden de protección dictada de oficio por la jueza. Esta última medida —subrayan— prohíbe a Ventura Jiménez acercarse a menos de 1,000 metros de cualquier estación de Petromovil S.A., a pesar de que, conforme señalan, el propio Ministerio Público había retirado la solicitud de prisión preventiva.
Los abogados sostienen que la imposición de dicha orden de protección, sin haber sido solicitada por ninguna de las partes, constituye —en sus palabras— una violación al principio de justicia rogada. Asimismo, consideran que la resolución representa “un atentado grave” contra derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a difundir información de interés público y la libertad de tránsito.
En ese sentido, informaron que procederán a interponer un recurso de apelación de manera inmediata ante la instancia correspondiente.
De igual forma, indicaron que, una vez Ventura Jiménez recupere su libertad, este prevé convocar a una movilización nacional. Según sus representantes, el objetivo sería exigir sanciones contra quienes —afirman— habrían comercializado combustibles por debajo de los estándares de calidad, así como demandar mayor transparencia en los precios de los carburantes.
Los defensores advirtieron que, a su juicio, cuando un ciudadano que denuncia hechos respaldados por pruebas certificadas por autoridades competentes es sometido a limitaciones judiciales, se debilita el Estado de Derecho. En esa línea, calificaron la decisión como un mensaje “negativo y peligroso” para la sociedad.
Finalmente, señalaron que la medida podría interpretarse como una forma de censura indirecta que, según alegan, no solo afecta a su defendido, sino también a periodistas, comunicadores y ciudadanos que ejercen su derecho a informar sobre asuntos de interés público.
