La denunciante afirmó que, pese a las solicitudes formales de custodia y a la disponibilidad familiar, la magistrada se negó reiteradamente a entregar la menor y ordenó su traslado a un centro de protección estatal, decisión que hoy cuestiona con firmeza.
Sostuvo que los centros de Conani no están en condiciones adecuadas para atender bebés de tan corta edad y advirtió que otros niños podrían estar en riesgo. “Esto no es solo por mi nieta, que ya no nos la pueden devolver, sino por los niños que hoy están en manos de personas desconocidas”, afirmó.
La abuela aseguró que la familia está a la espera de los resultados de la autopsia, aunque adelantó que, de ser necesario, solicitará una segunda evaluación forense costeada con sus propios recursos. “La muerte de esta niña no se va a quedar impune. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, enfatizó.
También cuestionó que no se realizara una investigación previa a su entorno familiar antes de tomar la decisión de retirar la custodia. “Debieron investigarme a mí como abuela, investigar a la familia paterna y materna antes de tomar una decisión tan delicada”, señaló.
La mujer responsabilizó tanto a la magistrada actuante como a Conani por lo ocurrido y exigió explicaciones claras, especialmente a la dirección regional de la institución en Santiago. “No aceptaremos versiones maquilladas. Exigimos la verdad”, manifestó.
Visiblemente afectada, relató el impacto emocional que la tragedia ha causado en la familia, en especial en el padre de la menor, quien —según dijo— luchó hasta el final por su hija y ahora requiere apoyo psicológico tras perder a su primera hija.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad dominicana y a la comunidad internacional para que el caso sea visibilizado. “Necesitamos justicia. Esto no puede repetirse. Hay un Dios que todo lo ve y esta verdad saldrá a la luz”, concluyó.
