Los tres imputados vinculados a un presunto fraude en la empresa Comercial Barra Payán continuarán detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de la decisión de la Corte de Apelación sobre una recusación interpuesta contra la jueza que conoce la solicitud de medida de coerción.
Los imputados son Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera; los tres fueron arrestados el pasado jueves en el marco de una investigación por un supuesto desfalco de fondos de la compañía estimado en casi RD$40 millones.
Situación procesal y recusación
El proceso de medida de coerción quedó en pausa este domingo luego de que uno de los abogados involucrados presentara una recusación contra la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, argumentando posibles motivos que afectarían su imparcialidad. Mientras tanto, no se ha fijado una nueva fecha para conocer las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
El Ministerio Público había pedido la imposición de medidas alternas a la prisión, entre ellas una garantía económica de un millón de pesos por imputado, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país, pero esas peticiones quedaron en suspenso hasta que se resuelva la recusación.
Acusación del Ministerio Público
La Fiscalía del Distrito Nacional señala que, de acuerdo con un informe de auditoría forense practicado el 10 de mayo de 2025, se detectaron discrepancias significativas entre el dinero reportado por las ventas y los montos depositados en las cuentas de la empresa durante varios años. Según ese peritaje, los administradores habrían distraído fondos y activos por un monto aproximado de RD$39,784,661.18, en perjuicio de los demás socios de la empresa.
Posiciones de la defensa
Los abogados de los imputados han cuestionado la acusación, calificándola como débil o inexistente, y han señalado que el conflicto responde a una disputa societaria y familiar en torno a una participación hereditaria en el negocio, no a un desfalco. Uno de los defensores argumentó que el caso ha estado en un proceso de conciliación durante casi cuatro años sin llegar a un acuerdo definitivo.
La investigación sigue su curso y el tribunal competente deberá decidir sobre la recusación para que se pueda reanudar el conocimiento de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.
