Somos Pueblo – La política migratoria del presidente Luis Abinader, que establece la meta de deportar semanalmente a 10,000 inmigrantes indocumentados, ha generado preocupación en los sectores productivos de la República Dominicana, especialmente en la industria y la construcción, que advierten sobre los efectos negativos de estas medidas en la economía nacional.
Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), planteó este viernes la necesidad de regularizar a los trabajadores extranjeros indocumentados, en lugar de continuar con las expulsiones masivas. “Se ha afectado en algunas partes el tema de la mano de obra en la construcción, en la agroindustria, para recoger las frutas y los vegetales del campo”, afirmó durante un acto encabezado por el mandatario.
Brache propuso un sistema de permisos laborales con control biométrico, similar al aplicado entre México y Estados Unidos, para permitir que extranjeros trabajen legalmente y regresen a su país de origen sin afectar el desarrollo de sectores clave para la economía dominicana.
Este planteamiento se suma al que hizo la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) en febrero pasado, cuando pidió al gobierno regularizar al menos 87,000 trabajadores haitianos que, según su presidenta Annerys Mélendez, no han podido completar sus trámites por falta de mecanismos adecuados. Mélendez advirtió que las deportaciones se están ejecutando sin planificación y que no se dio tiempo suficiente a los trabajadores para legalizar su estatus.
La representante del sector construcción recordó que las empresas cumplen con el artículo 135 del Código de Trabajo (Ley 16-92), que exige que al menos el 80 % de los empleados sean dominicanos, pero que el restante 20 % de mano de obra extranjera es esencial para completar obras en tiempo y forma.
En contraste, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, reiteró en su cuenta de X que “la política migratoria es clara: reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley. Nuestra política no incluye ningún plan de regularización”.
Desde octubre del año pasado, el gobierno ha intensificado las llamadas “interdicciones migratorias” a través de la Dirección General de Migración (DGM). Según datos oficiales, solo en 2025 se han deportado 114,884 ciudadanos haitianos, sumando un total de 1,177,818 desde 2016.
Pese al rechazo gubernamental a la regularización, diversos sectores han recordado que en 2014, durante la administración de Danilo Medina, se implementó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, bajo el cual más de 206,000 haitianos solicitaron legalizar su estatus en el país.
Como parte de una respuesta política a las crecientes tensiones migratorias, el presidente Abinader convocó a un “encuentro de alto nivel” con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Este último ofreció recibir al mandatario en la Casa Presidencial del PLD, mientras Fernández consideró que el espacio adecuado sería el Consejo Económico y Social (CES). Hasta el momento, la Presidencia no ha respondido a las propuestas.
La situación migratoria continúa como uno de los temas más sensibles en la agenda pública, enfrentando al gobierno con sectores económicos que demandan soluciones más prácticas y humanas para preservar el dinamismo económico sin vulnerar los derechos laborales ni el orden institucional.
