Bienvenido Antonio Lazala (Ñeñé), quien fue alcalde de Cotuí por 12 años, y estuvo fuera de la posición por 10, resultó electo y se juramentó ayer como el nuevo alcalde de Cotuí por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de inmediato sancionó dos mociones que han generado una avalancha de críticas.
En la primera ordenaba la cancelación de todos los empleados del cabildo, y en la segunda, no menos polémica, nombró como tesorero a Margaro Abreu, quien estuvo involucrado en un expediente de la Cámara de Cuenta por malversación de 108 millones de pesos en el 2010 en ese ayuntamiento, bajo una pasada administración de Bienvenido Lazala, quien en ese entonces era alcalde por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El informe del 2010 estableció que los libros de las cuentas bancarias correspondientes a servicios personales y servicios municipales fueron alterados con tachaduras y borrones, que impidieron establecer con puntualidad los montos desembolsados. Hubo cheques que no fueron asentados adecuadamente, dificultando a los auditores comprobar los importes registrados y el orden en que fueron emitidos. Las autoridades del ayuntamiento no presentaron los comprobantes de los depósitos hechos en enero del 2009, así como los recibos de ingresos de los meses enero y octubre de ese mimso año; pero tampoco pudieron mostrar evidencia de que los recursos fueron depositados en bancos. Las copias de las nóminas y de los cheques entregados, no están firmados por los empleados y funcionarios beneficiados, ni tienen los números de cedulas. Los cheques expedidos por el ayuntamiento fueron guardados sin anexar los documentos justificativos como autorización de pago, orden de compras, solicitud de pago, recepción del bien, y factura, lo que habría dificultó evaluación efectiva de su uso, refiere el informe.
En el inventario a los equipos de transporte, los técnicos detectaron la falta de un camión marca Daihatsu, color rojo, tipo volteo, modelo 2008, placa No- 32794557, propiedad del ayuntamiento de Cotuí. Las autoridades municipales no pudieron establecer su ubicación ni presentaron el acta de denuncia de robo de a Policía Nacional. Tampoco apareció la póliza de seguro del vehículo “desaparecido”.