Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, acusados en la Operación Calamar, acordaron con el Ministerio Público (MP) la devolución de casi 40 millones de pesos. A través de un acuerdo de criterio de oportunidad, ambos admitieron su culpabilidad en un caso de presunta corrupción administrativa.
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aprobó este acuerdo solicitado por el MP. Según el expediente, Ovalle Sánchez y Peña Hernández se asociaron con el exsenador de Azua, Rafael Calderón Martínez, para firmar cesiones de crédito ficticias y recibir sobornos por gestionar pagos por expropiaciones de terrenos ante el Ministerio de Hacienda.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que los dos acusados colaboraron eficazmente en la investigación de la presunta red liderada por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros exfuncionarios.
Otros seis acusados y un grupo comercial también acordaron con el MP devolver bienes para resarcir al Estado. La acusación señala que los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros 31 acusados y 12 empresas, participaron en una «mega operación» de lavado de activos y corrupción.
