Cinco abogados implicados en el caso Operación Calamar incrementaron «exorbitantemente su patrimonio» en pocos meses durante 2020, mediante la falsificación de documentos públicos y privados y el lavado de activos, según el expediente acusatorio del mayor caso de corrupción investigado en los últimos cuatro años.
Los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, ambos adultos mayores, se beneficiaron con 1,500 millones de pesos y pagaron casi la misma cantidad en sobornos a funcionarios gubernamentales, según detalla el expediente.
Otro abogado imputado, Ángel Lockward Mella, admitió su responsabilidad en el desfalco al Estado y está colaborando con el Ministerio Público. Entre diciembre del año pasado y marzo de 2024, devolvió «voluntariamente» 220 millones de pesos a la Procuraduría General, según la acusación presentada en abril por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
La supuesta estafa ocurrió en los últimos meses del gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando se pagaron miles de millones de pesos por propiedades declaradas de utilidad pública. Entre los acusados también se encuentran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otras 40 personas físicas y jurídicas.
