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martes, junio 10, 2025

Ángel Martínez bajo investigación por presunta red de extorsión y delitos tecnológicos

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Somos Pueblo – El Ministerio Público ha iniciado una investigación en torno a una presunta red de extorsión y chantaje que, según las autoridades, estaría encabezada por el comunicador Ángel Martínez, conocido como “El Detective”.

De acuerdo con los datos preliminares del proceso investigativo, esta estructura estaría involucrada en la difusión de contenido difamatorio y en el uso indebido de plataformas digitales para ejercer presión sobre figuras públicas con fines económicos.

En el caso figuran como investigados Ángel Eduardo Martínez Estévez, hijo de Ángel Martínez; la comunicadora Claudia Pérez, conocida como “La Tora”; el general retirado Rafael Percival Peña; el periodista Fernando Peña; Luis Alfredo Cabrera, alias “c”; y José Macarallo. La investigación ha identificado transacciones económicas entre algunos de los implicados.

El pasado domingo, Ángel Martínez fue arrestado nuevamente tras no presentarse ante un citatorio judicial en la Fiscalía de Santiago. En su contra cursa una querella por difamación e injuria interpuesta por el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte. Esta acusación se fundamenta en los artículos correspondientes del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

Martínez ya había sido arrestado anteriormente, el 26 de mayo en Puerto Plata, luego de ser declarado en rebeldía por no asistir a las audiencias vinculadas a una demanda presentada por el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.

Además de las mencionadas querellas, Martínez enfrenta otras acusaciones presentadas por el comunicador Vargavila Riverón, la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán —quien recibió disculpas públicas del imputado—, y la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Las autoridades han señalado que los delitos atribuidos incluyen extorsión, chantaje, difamación, injuria pública y violaciones a la ley sobre delitos tecnológicos. La investigación en curso apunta a la existencia de una operación sistemática de ataque mediático a través de medios digitales.

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