La República Dominicana y muchos otros países atraviesan serias dificultades debido a la crisis sanitaria del coronavirus y sus repercusiones económicas. Esta enfermedad, por ser altamente contagiosa, requiere de medidas de gran magnitud para combatirla que sólo pueden ser aplicadas por el estado. Entre estas se encuentra la disposición del toque de queda, la entrega de alimentos a los más vulnerables y la realización masiva de pruebas para diagnosticar el virus.

Mientras en otras naciones la pandemia unifica las sociedades en torno al estado, sus instituciones y sus líderes, en la República Dominicana enfrentamos un escenario distópico; quienes se supone que deben manejar esta crisis, son los mismos que han venido desfalcando al país los últimos 8 años.

La clave para salir lo mejor posible de esta crisis es la designación de los mejores técnicos al frente de la respuesta a la pandemia. Pero debido a que la corrupción es la política de estado de esta administración, la métrica para designar las posiciones claves en el gobierno es el enllavismo, y no la capacidad o el talento. En vista de esto, de las pésimas políticas sociales y de los graves escándalos de desfalco al estado denunciados año tras año, surge en nosotros la interrogante de si son estas las personas más adecuadas, tanto ética como técnicamente, para manejar la situación.

Existe actualmente el único incentivo que pudiera hacer que el gobierno quiera hacer las cosas bien: las elecciones. Si la sociedad aprueba el manejo de la crisis por parte de las autoridades, esto aumentaría la credibilidad en ellos, y beneficiarían electoralmente su candidato. Con estos fines, han intentado proyectar transparencia, enfrentando la gran mancha negra que ha colocado la corrupción sobre el gobierno frente a la sociedad. Lo que no imaginaban es que la corrupción ya es más grande que el presidente y sus ministros, y es imposible para ellos detenerla.

Siendo la escasez de recursos una de las principales limitantes para la respuesta a la pandemia, vimos como unos días luego de que se declaró el estado de emergencia, el gobierno pagó millones de pesos por portadas falsas en los periódicos, que luego intentaron rectificar con excusas patéticas. Apenas esta semana estallaron otros dos escándalos relativos al coronavirus: INAIPI y SENASA. Fue un amargo trago emocional pensar que se busca hacer negocios con los insumos médicos para la crisis, y hasta con la comida de los bebés y niños pobres. La sobrevaluación era de más de mil millones de pesos.

La doble moral expone los fines ulteriores de las autoridades frente a la crisis. Siete empleados fueron cancelados y puestos a la disposición de la justicia por supuesta corrupción en INAIPI, mientras que dos periodistas reconocidos denunciaron hace meses compras y contrataciones ilegales por más de 12 mil 500 millones de pesos. Aquí no hubo cancelados ni presos, de hecho, el único resultado fue la persecución a uno de los periodistas. El principal responsable de estos contratos ilegales es candidato a la presidencia, mientras que la otra implicada es hermana de quien debió investigarlo. Hoy, ese dinero hubiese servido para ayudar a los más vulnerables, comprar diez mil ventiladores mecánicos, o darle los RD$ 8,500 del plan FASE a otros 700,000 empleados por otros dos meses.

El equipo que apoya al candidato presidencial bajo cuya gestión en Obras Públicas se desfalcó al estado, es el mismo que maneja esta crisis sanitaria. Hoy nos piden que confiemos en ellos; que actuarán en nuestros mejores intereses, que quieren lo mejor para nuestro país. Pero mientras el sector privado se ve en la obligación de suspender empleados y reducir salarios, el gobierno no hace ningún ajuste; todos, incluyendo las miles de botellas, siguen cobrando igual.

Por ello concluimos que quienes manejan la crisis son una mentira; son autoridades de cartón.  Los dominicanos estamos desamparados. La pandemia inicia, y cada quien está por su cuenta. Exhortamos a todo el que pueda que se quede en casa, que se cuide a sí mismo y a sus familias. Traten de no enfermarse, ya que por la falta de planificación, escasez de recursos médicos y la improvisación, adquirir coronavirus en la República Dominicana puede ser una sentencia de muerte.

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