Somos Pueblo. El gobierno de El Salvador ha logrado recuperar más de 11.000 viviendas que estaban ocupadas por presuntos pandilleros, en el marco de la ofensiva contra las bandas criminales liderada por el presidente Nayib Bukele. Así lo informó este viernes el Ministerio de Vivienda, destacando el impacto del régimen de excepción instaurado hace tres años.
El 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana en el que se registraron 87 homicidios, el presidente Bukele decretó el régimen de excepción, una medida que ha permitido la detención masiva de presuntos miembros de pandillas y la intervención en zonas previamente controladas por estos grupos.
Desalojo de viviendas y reasignación
El Ministerio de Vivienda informó que la mayoría de las viviendas recuperadas estaban en manos de pandilleros o habían sido abandonadas por sus propietarios debido al temor impuesto por estas organizaciones. En muchos casos, las estructuras eran utilizadas como centros de operaciones criminales o eran alquiladas de manera ilegal por las bandas, generando ingresos mediante extorsiones y tráfico de drogas.
Según el informe oficial, un 90% de las casas recuperadas requerían algún tipo de mejoramiento, mientras que un 60% estaban parcial o totalmente desmanteladas. Las propiedades estaban ubicadas principalmente en los departamentos de San Salvador y La Libertad, así como en Santa Ana y Sonsonate, en la zona occidental del país.
Destino de las viviendas recuperadas
El gobierno ha implementado un plan para reasignar las viviendas a sus legítimos propietarios o a familias de bajos ingresos. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, más de 9.000 de estas casas, que no habían sido pagadas en su totalidad, fueron vendidas a familias trabajadoras con financiamiento del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Para facilitar el acceso a estas propiedades, el FSV destinó 119 millones de dólares en créditos con condiciones favorables, incluyendo tasas de interés del 2% anual y la eliminación de la prima inicial.
Impacto del régimen de excepción
Desde la implementación de esta política de seguridad, la policía y el ejército han arrestado a más de 86.000 presuntos pandilleros. No obstante, aproximadamente 8.000 de ellos han sido liberados tras comprobarse su inocencia.
El gobierno salvadoreño atribuye a las pandillas más de 120.000 homicidios en las últimas tres décadas y asegura que, gracias a la estrategia de seguridad, la tasa de asesinatos ha disminuido drásticamente. En 2015, la tasa de homicidios era de 106 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2024 se ha reducido a 1,9 por cada 100.000.
