La Cámara de Cuentas realizará una investigación especial al Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) durante el período 2016-2020 que abarca dos gestiones del actual presidente Miguel Surún Hernández.
El expertis se hará ante una solicitud elevada el 14 de junio pasado por el Foro Nacional de Abogados (Fona) que preside Juan Rivera, en la que cita una serie de presuntas irregularidades.
Rivera argumentó en comunicaciones remitidas al pleno del órgano fiscalizador, supuesta falta de transparencia en la administración de Surún Hernández.
En los documentos depositados citó la presunta distracción de RD$38,128,000.00 correspondientes al 20 % de los ingresos del Colegio de Abogados que deben destinarse a favor del Instituto de Protección del Abogado y de otros RD$21,757,000.00 que deberían ser entregados a las seccionales del gremio. Además, imputó el nombramiento sin concurso del director de la Escuela Nacional del Abogado (ENA), organismo que dice opera sin el debido reglamento, entre otros.
“Dentro de las cosas que denunciamos están los empréstitos con entidades financieras no reguladas, incluso hay unos préstamos con intereses de un 70 %, en fin, son 18 los señalamientos que nosotros hacemos y por eso entendemos que la Cámara de Cuentas se ha motivado a hacer su primera investigación especial en 38 años que tiene nuestro gremio”, enfatizó Rivera, presidente de Fona.
Sostuvo que con esas acciones procuran que la institución se encarrile por el orden y la transparencia.
“Tenemos a bien informales que el Pleno de Miembros mediante DEC-2021-123 aprobó el alcance de una investigación especial al Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card), por el período 2016-2020, incluida actualmente en el Plan Anual de Auditoría 2021, utilizando como base el requerimiento del Foro Nacional de Abogados (Fona)”, aduce una carta del 7 de septiembre del presente año remitida a Rivera.
Conforme al portal de la Cámara de Cuentas, las investigaciones especiales se realizan en los casos en que se presuma la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales, tales como crímenes o delitos contra el patrimonio público.
Sobre la investigación que decidió realizar la Cámara de Cuentas, Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados, aseguró que son un libro abierto.
No obstante, aclaró que ese gremio no recibe fondos públicos y que están a la vanguardia en materia de transparencia en el manejo de los recursos privados que administran.
Indicó que solicitaron la asesoría a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos para seleccionar una firma auditora privada que fiscalice los recursos del gremio.
Surún Hernández afirmó que ha realizado auditorías desde el 2016 a la fecha, por lo que lamenta se levanten calumnias por falta de transparencia.
“En qué cabeza cabe que un órgano que fiscaliza las entidades estatales tiene que ver con una entidad que maneja recursos privados. No recibimos partida alguna del Estado”, aseveró.
El 12 de agosto del pasado 2020, el entonces presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, remitió una comunicación a la Procuraduría General de la República donde notificaba la negativa del Colegio de Abogados (Card) a ser sometido a una auditoría financiera por parte del órgano estatal, en el periodo 2016-2018 correspondiente a la gestión de Surún Hernández.
Álvarez Pérez comunicó a la Procuraduría General de la República que ese gremio está sujeto al control externo gubernamental a su cargo.
Sin embargo, Surún Hernández sostiene que una sentencia del Tribunal Constitucional determinó: “El Colegio de Abogados de la República Dominicana es una entidad gremial con intereses y base privada”.
“Los colegios profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no solo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión, lo cual constituye un servicio al común de indudable interés público, se ajuste a las normas o reglas que aseguren, tanto la eficacia, como la eventual responsabilidad en tal ejercicio”, refiere un documento remitido por el presidente de los abogados.
FUENTE: DIARIO LIBRE
