El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó la Ley 98-25, mediante la cual se introducen modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. La medida ha provocado reacciones y discusiones en distintos sectores productivos del país debido a sus implicaciones regulatorias y económicas.
La nueva normativa actualiza el marco legal que rige el manejo de los residuos sólidos en el territorio nacional, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad ambiental y fomentar la economía circular. De acuerdo con lo establecido, la ley busca mejorar los mecanismos de gestión, tratamiento y disposición de los desechos, alineándolos con estándares ambientales más estrictos.
No obstante, las modificaciones han colocado en el centro del debate el impacto que estas regulaciones podrían tener en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Diversos actores del sector productivo han manifestado inquietud ante el hecho de que el nuevo esquema no establece diferenciaciones entre tipos de negocios ni volumen de residuos generados, lo que plantea cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la carga económica que deberán asumir las empresas.
El tema continúa generando conversación entre representantes empresariales, especialistas en gestión ambiental y autoridades, en un contexto donde se busca equilibrar los objetivos de sostenibilidad con la viabilidad económica de los distintos sectores productivos del país.
