Somos Pueblo. – En los últimos días, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha encabezado una serie de operativos para realizar pruebas antidoping a los choferes del transporte público. Sin embargo, los dirigentes choferiles, aunque apoyan la iniciativa, han planteado la necesidad de extender estas pruebas a todos los conductores, sin importar si están al servicio del transporte de pasajeros o no. El debate sobre la implementación de esta medida en todo el sector del transporte ha generado opiniones divididas, pero también una reflexión sobre la eficacia de las políticas públicas para reducir los accidentes de tránsito en el país.
Reynaldo Pérez Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Empresas del Transporte (Unet), expresó su apoyo a las pruebas antidoping, pero consideró que el operativo realizado por el director del Intrant, Milton Morrison, el pasado lunes, no es más que un «aparataje» que no resolverá el problema de fondo. Según Pérez Sánchez, la mayoría de los accidentes fatales ocurren en vehículos privados, y no en el transporte público. «Las estadísticas muestran que no son los vehículos del transporte público los que están involucrados en la mayoría de los accidentes de tránsito. Es necesario revisar estas cifras y reconocer que el problema no está solo en el transporte organizado», indicó Pérez.
El líder del gremio de transporte también propuso una medida adicional para que las pruebas antidoping sean más efectivas: que se exija a todas las personas que solicitan o renuevan su licencia de conducir someterse a esta prueba, sin que esto vulnere su derecho a la privacidad. «Cuando se habla de camioneros y motoristas, se habla de un sector organizado, pero ¿por qué no hacer lo mismo con los conductores privados?», cuestionó.
Por su parte, Jairo Doñé, secretario general del Consorcio de Empresarios del Transporte Moderno (Coemtram), calificó de «muy buena» la iniciativa del Intrant. En su intervención, destacó la preocupación de su gremio por la cantidad de personas que pierden la vida en accidentes viales cada año. Doñé aseguró que su organización, que agrupa a más de 500 choferes, ya exige a sus miembros que presenten un documento de buena conducta y pasen una prueba antidoping antes de ingresar al gremio. «Es una excelente medida. Nosotros hemos solicitado que el Intrant implemente operativos de pruebas antidoping en cada una de las rutas que administramos», señaló.
En cuanto a las críticas legales sobre la obligatoriedad de las pruebas antidoping, Doñé fue firme: «Lo que es ilegal es que alguien conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas, no las pruebas». Además, advirtió que aquellos choferes que se nieguen a someterse a la prueba serán suspendidos de manera temporal.
En la misma línea, Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), expresó su respaldo a los operativos del Intrant. No obstante, Marte también coincidió con Pérez Sánchez en que las pruebas deben aplicarse a todos los conductores, no solo a los del transporte público. «El sector del transporte público tiene menos muertes por accidentes de tránsito debido a las bajas velocidades en las que los vehículos se desplazan en las zonas urbanas», explicó Marte. En su opinión, el problema radica en la falta de autoridad y en la ausencia de una política de seguimiento de los operativos que realice el Intrant. «La ley 63-17 faculta al Intrant para hacer estas verificaciones, pero lo que falta es un seguimiento real a estas medidas», subrayó Marte.
El tema de la obligatoriedad de las pruebas antidoping también ha generado controversia en el ámbito legal. Algunos abogados consideran que obligar a una persona a someterse a una prueba antidoping podría vulnerar su derecho a la privacidad y que, por lo tanto, esta práctica podría ser inconstitucional. Sin embargo, el Intrant ha reiterado que continuará con los operativos en su objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, que, según datos oficiales, siguen siendo una de las principales causas de muertes en el país.
A pesar de las críticas y las dudas legales, el Intrant se mantiene firme en su propósito de ejecutar esta medida como parte de su estrategia para reducir los accidentes de tránsito y mejorar la seguridad en las calles. La pregunta que persiste es si la implementación de esta medida, aunque necesaria, será suficiente para cambiar la realidad de las calles dominicanas, o si se necesitarán políticas más profundas y un enfoque integral para combatir la creciente problemática de los accidentes viales.
