Somos Pueblo. – En un video, enviado a nuestra redacción de Somos Pueblo Media, un ciudadano ha denunciado públicamente una preocupante situación relacionada con la falsificación de documentación vehicular y la aparente inacción de las autoridades. Juan Antonio Vilalta Santoni reveló que desde marzo de 2024 ha estado tratando de resolver un caso en el que un vehículo que nunca ha adquirido aparece registrado a su nombre en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). A pesar de haber realizado la denuncia ante Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la situación persiste, generando preocupación sobre las posibles implicaciones legales y criminales que esto podría acarrear.
Según su testimonio, el vehículo en cuestión fue importado y registrado a su nombre sin su conocimiento ni consentimiento. Aún después de haber alertado a las autoridades, la situación no ha sido corregida. Vilalta Santoni señala que el carro en cuestión sigue operando legalmente, con placas y marbete renovados, lo que pone en evidencia una grave falla en los controles administrativos de la DGII y en los procesos de depuración de datos.
El denunciante informó que, tras visitar la oficina de la DGII en Constanza, fue referido a la sucursal de Bonao, donde se le solicitó firmar una «fe de juramento», un documento en el que debía declarar que había vendido el vehículo en cuestión. Sin embargo, se negó a firmarlo, dado que nunca ha poseído ni transferido dicho automóvil. Su negativa resalta la preocupante falta de mecanismos más efectivos para la verificación de la titularidad de los vehículos registrados en el país.
La situación toma un carácter aún más alarmante si se considera que el vehículo podría estar siendo utilizado para actividades delictivas. Vilalta Santoni expresó su temor de que en caso de que el automóvil sea implicado en hechos delictivos como robos, tráfico de drogas o actos violentos, él podría ser injustamente vinculado a los crímenes. Su denuncia pública tiene el objetivo de prevenir cualquier consecuencia legal en su contra y de presionar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.
Este caso pone en evidencia fallos estructurales en el sistema de registro vehicular del país y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante posibles fraudes administrativos. La falta de acción oportuna por parte de las autoridades ha permitido que un vehículo registrado fraudulentamente continúe operando sin inconvenientes, lo que plantea interrogantes sobre los controles internos de la DGII y de las entidades responsables de la fiscalización vehicular.
Santoni ha hecho un llamado a las autoridades para que revisen su caso con urgencia y eviten que esta situación se repita con otros ciudadanos. Su preocupación también se extiende a la necesidad de reformar los procedimientos administrativos que permiten que estas irregularidades ocurran sin consecuencias inmediatas para los responsables.
Este caso resalta la importancia de establecer mecanismos más estrictos para la verificación de la identidad y la autenticidad de las transacciones vehiculares. Sin un sistema eficiente y transparente, los ciudadanos continúan expuestos a fraudes que podrían tener graves repercusiones legales y personales. La atención a esta denuncia podría sentar un precedente para la mejora de los controles administrativos y la protección de los derechos de los ciudadanos.
